Prioridad nacional: empezar a excluir

La historia no se repite, pero rima. Se trata de una frase que los historiadores solemos usar, pues ayuda a entender por ejemplo por qué ciertos debates que parecían lejanos empiezan a hacerse visibles en nuestro entorno más inmediato. Es el caso de la llamada «prioridad nacional», una idea que asoma también en la Comunitat Valenciana y que conviene analizar sin ingenuidad. No es nueva ni responde solo a problemas recientes. Tiene recorrido, antecedentes y consecuencias conocidas.

En Europa, estos planteamientos ya aparecieron en momentos de incertidumbre. Crisis económicas, cambios sociales o tensiones políticas favorecieron discursos que apelaban a proteger a los «de casa». Ya ocurrió a finales del siglo XIX, cuando el crecimiento de las ciudades y la competencia por el trabajo alimentaron propuestas similares. La idea era sencilla y fácil de trasladar a la ciudadanía. Si los recursos son limitados, mejor reservarlos primero para los propios.

El problema es que ese planteamiento nunca se queda en ese punto. En la Europa de entreguerras, durante la primera mitad del siglo XX, esa lógica fue avanzando hasta traducirse en decisiones concretas. El acceso a empleos públicos, ayudas o derechos empezó a condicionarse por la nacionalidad. No fue un proceso inmediato ni igual en todos los países, pero sí reconocible. Poco a poco se asumió que no todas las personas debían ser tratadas de la misma manera. Estas dinámicas no arrancaron con medidas extremas, sino con propuestas que se presentaron como razonables. Se habló de prioridad, de orden, de proteger a los nuestros. El lenguaje suavizó el mensaje, pero introdujo una idea de fondo que cambió las reglas del juego, que la nacionalidad pasase a pesar más que la necesidad.

Los ejemplos son conocidos. En la Francia de 1932 se limitó la contratación de trabajadores extranjeros para proteger el empleo nacional en plena crisis. En la Alemania de los años treinta, la pertenencia nacional se convirtió en un criterio excluyente. La idea de comunidad se definió en términos étnicos y políticos, y quienes quedaban fuera de esa definición vieron restringidos progresivamente sus derechos hasta ser directamente expulsados de la vida pública. En la Italia de Mussolini, antes incluso de las leyes raciales de 1938, se introdujeron restricciones similares en nombre de la cohesión nacional. En España, tras la Guerra Civil, la dictadura franquista hizo depender el acceso a empleos públicos y derechos de la adhesión a su idea de nación, estableciendo así nuevas formas de exclusión.

Ese debate ya no queda lejos. Se ha plasmado en acuerdos políticos en otros territorios y empieza a formar parte de la conversación pública aquí. En la práctica, supone condicionar el acceso a recursos públicos como ayudas, vivienda o servicios sociales no solo a la situación de necesidad, sino también al origen. Supone establecer diferencias entre personas. Supone abrir la puerta a una forma de exclusión que conviene nombrar con claridad. Es una discriminación basada en el origen que puede derivar en desigualdades más profundas y persistentes.

Y la historia muestra con claridad cómo se desplazan los límites de lo aceptable. Cuando estas propuestas entran en los acuerdos políticos, no solo importan por sus efectos inmediatos, sino por lo que legitiman. Introducen un nuevo marco en el que la discriminación deja de ser una línea roja. Lo que antes era inaceptable se convierte en discutible, y lo discutible acaba siendo asumido. En ese proceso se erosiona algo más que una norma concreta, se debilitan los principios que sostienen la igualdad de trato y la no discriminación. Y cuando esos principios se vuelven negociables, la exclusión deja de ser una excepción para convertirse en regla.

La cuestión de fondo sigue siendo clara: ¿qué debe pesar más, la nacionalidad o la necesidad? El modelo social europeo apostó después de la Segunda Guerra Mundial por criterios amplios, en los que el acceso a derechos básicos no dependía del origen. Introducir la llamada «prioridad nacional» altera ese equilibrio. En los últimos años, este tipo de planteamientos ha reaparecido en distintas democracias. El «America First» impulsado por Donald Trump es una muestra de ello. Cambia el contexto, pero la idea de fondo es la misma. Dar preferencia a los propios frente a los demás. La experiencia indica que estos enfoques tienden a ampliarse y a influir en la forma en que se entiende la igualdad.

Mirar al pasado no es exagerar el presente, es entender lo que está en juego. Porque ciertas decisiones no se agotan en sí mismas, abren caminos y fijan precedentes. Cuando ideas como esta se instalan en el debate cotidiano, dejan de ser una propuesta más y pasan a redefinir las reglas. Ya no se discute solo una medida concreta, se decide quién tiene derecho a contar y en qué condiciones. Y eso no es un matiz ni un debate menor, es una línea de fondo que marca el tipo de sociedad que queremos construir.

Suscríbete para seguir leyendo