El juego que nadie quiere reconocer

La reciente sentencia que deja sin efecto el nombramiento de una enfermera como directora de un centro de salud en Baleares no es un hecho aislado ni un simple conflicto jurídico. Es el síntoma visible de una forma de entender la sanidad que, lejos de evolucionar, se resiste a hacerlo.

Lo relevante no es solo la resolución judicial. Lo verdaderamente significativo es lo que hay detrás. Quien recurre, por qué lo hace y qué modelo de sistema sanitario está defendiendo. Porque conviene recordar un dato que no debería pasar desapercibido. Tras una primera sentencia favorable al nombramiento de la enfermera, el Colegio de Médicos decidió retirar su recurso, quedando únicamente el sindicato médico como impulsor del proceso.

Este matiz no es menor. Al contrario, desmonta la idea de una posición homogénea dentro de la profesión médica y pone el foco en determinados sectores que han decidido convertir la defensa corporativa en estrategia política.

Y ahí es donde el debate deja de ser técnico. Porque la enfermera cuyo nombramiento se anula no fue elegida por azar. Contaba con el respaldo del equipo multiprofesional, incluidos médicos, y su gestión había sido valorada como excelente. No estamos, por tanto, ante un problema de capacidad, mérito o competencia. Estamos ante otra cosa.

Estamos ante la defensa de un espacio de poder. Un poder que algunos sectores consideran propio por tradición, no por evidencia. Un poder que se pretende blindar recurriendo a normas obsoletas que ya no reflejan la realidad de las profesiones sanitarias ni la complejidad de los sistemas de salud actuales. Un poder que, cuando se ve cuestionado, reacciona no desde la argumentación, sino desde la exclusión.

Y lo preocupante no es solo que esto ocurra. Lo preocupante es que empieza a ser una pauta.

La huelga médica que estamos viendo en estos momentos no puede entenderse al margen de este contexto. Más allá de reivindicaciones legítimas —que sin duda las hay—, resulta difícil no percibir una deriva en la que el discurso profesional se entremezcla con estrategias de presión que responden más a intereses de posicionamiento hegemónico que a la mejora real del sistema.

No se trata de cuestionar el derecho a la movilización. Se trata de preguntarse qué se defiende realmente cuando se moviliza.

Porque cuando se rechaza el liderazgo de una profesional por el mero hecho de no ser médica, cuando se recurre una decisión avalada por un equipo y por resultados, cuando se invocan normas desfasadas para justificar exclusividades, el mensaje que se traslada es que no se está defendiendo la calidad de la atención, sino el control de determinados espacios.

Y eso tiene consecuencias. Las tiene en la relación entre profesionales, que se ve erosionada por conflictos ajenos a la práctica real. Las tiene en la organización del sistema, que se fosiliza en lugar de adaptarse. Y, sobre todo, las tiene en la ciudadanía, utilizada con mensajes tergiversados para justificar posiciones, mientras se le niega un papel real en la resolución de los problemas que le afectan.

Porque, en el fondo, no tiene nada que ver. La sanidad no mejora restringiendo quién puede dirigir, sino eligiendo a quien mejor puede hacerlo. No mejora defendiendo privilegios, sino reconociendo competencias. No mejora enfrentando profesiones, sino integrándolas.

Y esto no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de sentido común. Nadie discute hoy que las enfermeras tienen formación universitaria con idéntico nivel al de cualquier otra disciplina, especialización, capacidad de gestión y experiencia suficiente para asumir responsabilidades directivas. Negarlo no es una opinión. Es desconocer la realidad.

Por eso el problema no es profesional. Es político. Político en el peor sentido del término, al utilizar estructuras y discursos para mantener posiciones de poder, aunque eso suponga frenar la evolución del sistema. Político cuando se antepone la identidad corporativa al interés general. Político cuando se recurre más a la presión que a la razón. Y político, también, cuando se permite que este conflicto sea utilizado como arma arrojadiza por determinados partidos, no para respaldar soluciones, sino como instrumento al servicio de sus propios intereses.

Frente a esto, conviene introducir una distinción que a menudo se diluye: los médicos no son sus organizaciones. Son los equipos los que demuestran que otro modelo no solo es posible, sino que ya existe.

El problema es que no siempre es ese modelo el que marca las decisiones.

La pregunta, por tanto, no es quién debe dirigir un centro de salud. La pregunta es si queremos un sistema basado en competencias o en cuotas de poder. Si queremos avanzar hacia modelos colaborativos o seguir anclados en jerarquías que ya no responden a la realidad.

Y la respuesta no debería depender de quién firma una sentencia o convoca una huelga. Debería depender de algo mucho más sencillo: qué es lo mejor para la salud de las personas.

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