El contagio migratorio de la izquierda europea (y la honrosa excepción española)

Tanta importancia ha adquirido la inmigración como herramienta política, que hasta los partidos europeos progresistas han empezado a presentar medidas, más o menos duras, para controlar el flujo migratorio y la entrada irregular de extranjeros. Algunas de estas medidas han sido asumidas y recomendadas primero por la UE, como la externalización del control de fronteras exteriores.

Pero si los partidos conservadores han copiado en gran parte las propuestas hechas por la ultraderecha en esta materia, los partidos progresistas encuentran una mayor resistencia a las mismas entre su electorado, aunque ciertamente son bien recibidas por los votantes más moderados o centristas. Según una encuesta del Instituto 40dB publicada en octubre de 2024, la preocupación por la inmigración varía desde los votantes de Vox, con un 70 % que dicen estar «muy preocupados», al 15,4 de Podemos, pasando por el 69 de SALF, el 46,4 del PP, el 29,2 del PSOE y el 24,1 de Sumar.

Algunos ejemplos

La socialdemócrata danesa Mette Frederiksen fue la pionera europea en este giro. En 2021, siendo primera ministra, externalizó el asilo político fuera de la UE y expulsó a decenas de refugiados sirios. En agosto de 2024, en el Foro de Seguridad de Praga, relacionó directamente la inmigración con «la violencia, falta de igualdad entre sexos en algunos grupos inmigrados, sociedad paralela, crimen organizado…». Ningún otro líder socialdemócrata europeo había llegado tan lejos en el discurso.

En vísperas de las elecciones federales alemanas de 2025, el canciller Olaf Scholz endureció la política de asilo y recuperó parcialmente los controles fronterizos. El presidente de Brandeburgo Dietmar Woidke había hecho lo propio un año antes: ganó en septiembre de 2024 las elecciones de ese Estado —contra todo pronóstico, frente al AfD— con una campaña de mano dura migratoria. Ambos casos ilustran cómo el endurecimiento retórico se ha convertido en táctica electoral más que en política estructural.

Uno de los primeros viajes al exterior que realizó el laborista británico Keir Starmer tras ganar las elecciones en julio de 2024 fue a Roma, para que la primera ministra ultraderechista Meloni le explicara cómo funcionaba su modelo de externalización de gestión de refugiados y demandantes de asilo en Albania y Túnez.

España ofrece, en cambio, un ejemplo en dirección opuesta. Mientras sus homólogos europeos endurecen el discurso y la práctica migratoria, el Gobierno de Sánchez aprobó hace unas semanas una regularización extraordinaria para los inmigrantes irregulares ya asentados en el país. La medida —la primera de este tipo desde la regularización de Zapatero en 2005— no nació de la arbitrariedad del ejecutivo: retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso. Tiene además el apoyo de la Iglesia y de la CEOE. Alcanza a quienes llegaron antes del 1 de enero de 2026 y acrediten al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida y ausencia de antecedentes penales. Su alcance potencial, estimado en torno a medio millón de personas, la convierte en la mayor regularización de la historia reciente de Europa occidental, y supone una apuesta política que ningún otro Gobierno progresista del continente se ha atrevido a hacer en este ciclo electoral.

La hipocresía estructural

La izquierda europea afronta una contradicción difícil de sostener: el principio de igualdad —razón histórica de la dicotomía izquierda-derecha— se ha convertido en un valor que le cuesta defender cuando el sujeto es el migrante. Una igualdad rechazada drásticamente por la ultraderecha, cuestionada por la derecha y que los partidos progresistas ya no defienden con convicción. Es el resultado de haberse dejado arrastrar por el marco discursivo del adversario.

Hein de Haas, sociólogo de la Universidad de Ámsterdam y uno de los mayores especialistas mundiales en migraciones, lleva años estudiando este fenómeno:

«En una investigación que realicé con mi equipo analizamos 6.500 cambios de política migratoria en todo el mundo occidental y descubrimos que la derecha no es más restrictiva con la inmigración que la izquierda. La derecha es dura al hablar de inmigración, pero actúa de forma muy blanda. Hay una enorme hipocresía en la política. España vuelve a ser aquí un gran ejemplo: los políticos pueden ser muy duros en su discurso con la inmigración clandestina, pero al mismo tiempo quieren servir a los empresarios y no van a detener y expulsar masivamente a trabajadores. Por eso España tiene un historial muy largo de regularizaciones desde la década de 1990, porque la realidad es que los empleos menos cualificados han sido cada vez más ocupados por inmigrantes. La puerta de atrás está abierta. Todos los gobiernos están bajo la presión no solo de los grandes empresarios que emplean a inmigrantes, sino también de los intereses de las clases medias, porque la inmigración es una fuente muy conveniente de mano de obra barata: trabajadoras domésticas, niñeras, personas que trabajan en restaurantes.

La investigación científica ha demostrado que la inmigración viene impulsada principalmente por el mercado laboral, por la escasez de mano de obra. Y la realidad es que, en Europa, y desde luego en España, lo toleramos masivamente a pesar de todo el discurso duro. Durante la crisis financiera de 2008, cuando el desempleo era alto, nadie quería ir a España; cuando la economía se recuperó, la gente empezó a moverse de nuevo. Si los políticos realmente quisieran limitar la inmigración clandestina podrían imponer castigos masivos a los empresarios que contratan a inmigrantes sin papeles. Pero no hay voluntad política para eso porque significaría ir a la quiebra mañana: hay sectores enteros dependientes de esta mano de obra. No se puede tener este modelo económico abierto y de rápido crecimiento y al mismo tiempo querer mucha menos inmigración».

Advertencia del Banco de España

Esta investigación científica a la que alude De Haas encuentra respaldo en un informe del Banco de España publicado a finales de abril de 2024. Según el INE, para mantener en 2053 la tasa de dependencia actual en el pago de las pensiones —situada en el 26 %— sería necesario triplicar las previsiones de extranjeros residentes y trabajando en España. El Banco de España concluye que la población inmigrante trabajadora tendría que aumentar en 24 millones sobre los 12 ya previstos por el INE, hasta alcanzar un total de 37 millones de trabajadores extranjeros a mediados de siglo.

La regularización extraordinaria recientemente aprobada puede leerse, precisamente, como una primera respuesta política a esa presión demográfica y económica. Al regularizar trabajadores ya presentes en el tejido productivo —en cuidados, hostelería, agricultura—, el Gobierno convierte mano de obra sumergida en cotizantes, un efecto fiscal nada desdeñable a la vista de las proyecciones sobre pensiones. La pregunta que queda abierta es si esta medida, valiente en el contexto europeo, se sostendrá políticamente en un momento en que incluso la izquierda continental ha cedido al contagio del discurso restrictivo.

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