Derechos con IVA incluido

Hay una contradicción que ningún político parece tener prisa por resolver. La repiten en cada mitin, la imprimen en cada programa electoral y la convierten en promesa de cabecera cada cuatro años: la vivienda es un derecho. Pero cuando ese derecho aterriza en la vida real —cuando toma cuerpo en una notaría de Alicante un martes de abril— resulta que tiene precio. Y ese precio lo paga, con una puntualidad que ya quisiera Hacienda para otras cosas, exactamente quien menos se lo puede permitir.

Conozcamos a esta pareja. 37 años. Empezaron a trabajar con 22. Han hecho todo lo que se supone que hay que hacer: estudiar, trabajar, no gastar más de lo que ingresaban y ahorrar sin excusas desde el primer sueldo. Cobran lo que cobra la mayoría de este país: 15.574 euros brutos al año cada uno, el salario más frecuente en España según el INE. Entre los dos, 2.080 euros netos al mes. Han ahorrado el 10 % religiosamente durante 15 años. 208 euros al mes. Ni uno menos, ni un mes de excepción. El resultado: 37.440 euros. 15 años de renuncia convertidos en números en una libreta.

Han encontrado un piso. Segunda mano, 220.000 euros, precio absolutamente normal en el mercado alicantino de 2026, donde el metro cuadrado acaba de marcar su enésimo máximo histórico. El banco aprueba la operación. Los papeles están en regla. Quince años de trabajo confluyen en una mañana frente a un notario.

Y entonces el Estado se sienta a la mesa. Sin invitación, sin vergüenza y con la factura ya hecha.

El 10 % en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si es segunda mano. IVA del 10 % si es obra nueva. El Estado no distingue, no discrimina, no hace favores: en ambos casos la factura ronda los 22.000 euros. Ese mismo día. El 59 % de todo lo que han ahorrado en 15 años, entregado en una firma. Da igual lo que elijan, da igual cómo lleguen al notario: el resultado es el mismo. Sin tocar el precio del piso. Sin la entrada. Sin la hipoteca. Sin los muebles. Sin la primera factura de la luz. Solo impuestos. Solo por firmar. Solo por atreverse a querer vivir bajo un techo propio. Por ejercer un derecho. Tómense un momento para dejar que eso se asiente.

Pero tranquilos. La Generalitat tiene solución. A partir de junio, el ITP baja del 10 % al 9 %. Un punto. Sobre esta operación, el ahorro es de 2.200 euros: menos de 11 meses de ahorro familiar. Eso es lo que se presenta, con el entusiasmo de quien acaba de resolver la crisis habitacional de una generación con un punto porcentual, como una apuesta histórica por el acceso a la vivienda. Mientras tanto, en esta provincia los precios han subido un 18 % en el último año. Hagan ustedes el cálculo, saquen sus conclusiones y quédense con el cambio, que ya está bien de que lo hagamos nosotros por ellos.

Ahora bien. ¿Sobre quién recae este impuesto? Sobre todos, en teoría. Sobre quien compra para vivir y sobre quien compra para rentabilizar. La diferencia es que para unos es un coste de negocio que se traslada al inquilino o se descuenta del retorno. Para esta pareja es el 59 % de 15 años de ahorro. El mismo impuesto, el mismo porcentaje, un impacto radicalmente distinto. Esa es la trampa de llamar igualitario a algo que aplica el mismo rasero a quien llega con lo justo y a quien llega con lo de sobra.

Si la vivienda es un derecho, gravar su primera compra es una estafa semántica con membrete oficial. Y no se trata de discutir si el tipo debe ser del 10 %, del 9 % o del 6 % para menores de 35 años —ese debate ya acepta una premisa que no merece ser aceptada—. La pregunta correcta, la que nadie formula en los mítines porque arruinaría el discurso, es si tiene algún sentido que exista en absoluto un impuesto sobre la compra de una primera vivienda habitual. Y la respuesta, para quien se tome en serio lo que lleva décadas repitiendo, solo puede ser una: no.

Dirán que el problema es la oferta. Que sin suelo, sin vivienda protegida, sin construcción pública a escala, ninguna rebaja fiscal cambia nada estructural. Tienen razón, y es una razón que usan con maestría para no hacer ninguna de las dos cosas. El sector público construyó 26 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana en toda una década. No es un error tipográfico: 26. Mientras tanto, la primera promoción pública en Alicante en décadas acabó adjudicada, según la prensa, a concejales y técnicos municipales. Eso es lo que hay al otro lado de la promesa.

Lo que estos números revelan, al final, es algo bastante más profundo que un problema fiscal o un problema de oferta. Revelan que durante décadas la vivienda ha funcionado en España como fuente de recaudación, como activo de inversión y como promesa electoral. En ese orden. Lo de derecho fundamental ha sido siempre el subtítulo. El adorno. La coartada con la que terminar el discurso antes de los aplausos.

Mientras eso no cambie, cada vez que alguien pronuncie la palabra derecho en un mitin político, convendrá recordarle que en esta comunidad ese derecho le cuesta a una familia trabajadora el 59 % de 15 años de ahorro. Solo para pagar los impuestos del día que firman. El resto —la hipoteca, la entrada, la vida— ya lo resolverán solos, como siempre.

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