El ciudadano: el cajero automático de la izquierda

Hay gobiernos que entienden la política como una herramienta para facilitar la vida de la gente. Y hay otros que consideran que cualquier problema se resuelve metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. En España, desgraciadamente, llevamos demasiado tiempo instalados en lo segundo por obra y gracia de Pedro Sánchez.

Cada vez que la izquierda habla de justicia social, las familias ya saben cómo termina la historia: nuevos impuestos, más tasas, más cotizaciones o alguna fórmula imaginativa para recaudar más. Nunca falla. Cambian los nombres, los argumentos y las excusas, pero el resultado siempre es el mismo: menos capacidad económica y administraciones con más recursos para seguir creciendo. Salvo, claro está, que hablemos de la Comunitat Valenciana, donde el Gobierno de España nos niega el pan y la sal, por un modelo de financiación tan injusto como caduco que no cubre nuestras necesidades.

Un espíritu de voracidad recaudatoria que acabamos de volver a ver estos días con un PSPV y Compromís intentando recuperar la tasa turística -gravando a una de las principales fuentes de riqueza y empleo de nuestra tierra- o pidiendo elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales hasta porcentajes absolutamente desorbitados. Otra vez la misma filosofía: si alguien compra, invierte, hereda o prospera, la administración debe quedarse una parte todavía mayor.

Lo preocupante no es únicamente la cuantía de esos impuestos, sino la visión de sociedad que hay detrás. Porque para la izquierda, el ciudadano rara vez es visto como alguien capaz de administrar el fruto de su esfuerzo. Necesitan un Estado cada vez más grande y dependiente de ingresos crecientes. Y eso termina generando una dinámica peligrosa: cuanto más recauda el poder político, más capacidad tiene para condicionar la vida cotidiana de las personas.

Por eso incomoda tanto que el actual gobierno valenciano haya demostrado que existe una alternativa. Desde el inicio de la legislatura, la Generalitat ha impulsado una política fiscal orientada a aliviar la presión sobre las familias, los trabajadores y los pequeños propietarios. Y lo ha hecho sin provocar el colapso que algunos anunciaban desde la oposición. Más bien al contrario, recaudamos más y damos mejor servicio.

La supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos marcó un cambio de rumbo evidente. No parecía razonable que una familia tuviera que volver a tributar por un patrimonio construido tras años de trabajo y ahorro. Tampoco que muchos ciudadanos renunciaran a herencias por no poder afrontar la carga fiscal derivada de ellas. Aquella medida no solo corrigió una injusticia; también envió un mensaje político claro: la administración no puede tratar el esfuerzo de las familias como una fuente inagotable de financiación.

A partir de ahí llegaron nuevas rebajas y deducciones que hoy convierten a la Comunitat Valenciana en la autonomía con mayor capacidad de ahorro fiscal para sus ciudadanos. Gastos sanitarios habituales, actividades deportivas, atención psicológica, necesidades vinculadas a la dependencia o formación musical forman ya parte de un sistema de deducciones pensado para ayudar en la vida real de las personas y no únicamente para construir titulares.

Y esa diferencia se nota especialmente en un momento económico complicado. Porque mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de cifras récord de recaudación, millones de españoles continúan haciendo malabares para afrontar la cesta de la compra, el alquiler o la hipoteca. El problema no es solo cuánto se paga, sino cuánto cuesta llegar a final de mes después de pagar.

La inflación ha servido además como una enorme maquinaria recaudatoria silenciosa. Aunque muchos salarios hayan subido ligeramente, el incremento de precios ha reducido el poder adquisitivo de las familias mientras Hacienda sigue ingresando más gracias a que no se corrigen los tramos fiscales conforme aumenta el coste de la vida. El ciudadano siente que trabaja más para disponer de menos.

Al final, el debate fiscal es mucho más profundo de lo que parece. No consiste solo en discutir porcentajes o tipos impositivos. Consiste en decidir si queremos una sociedad donde el ciudadano conserve capacidad de decisión sobre el fruto de su trabajo o una donde cada vez dependa más de lo que determine la administración. Esa es la gran diferencia entre modelos políticos. Uno entiende al contribuyente como alguien a quien acompañar y ayudar. El otro lo contempla, básicamente, como una fuente permanente de ingresos.

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