La huelga del hartazgo: otra vez la Primavera Valenciana

La respuesta de la comunidad educativa valenciana estos días es imposible de ignorar. El seguimiento masivo de la huelga y las multitudinarias manifestaciones celebradas en toda la Comunitat Valenciana no son solo una protesta laboral: son la expresión colectiva de un hartazgo acumulado durante demasiado tiempo. Porque ningún docente deja su aula con facilidad. Lo hace cuando siente que ya nadie escucha.

La consellera Carmen Ortí está gestionado este conflicto desde la confrontación y la propaganda. Ha respondido a las reivindicaciones del profesorado con cartas a las familias, servicios mínimos abusivos y propuestas económicas que el propio colectivo considera insuficientes y alejadas de la realidad de los centros. Reducir un conflicto tan profundo a unos pocos euros más al mes es no haber entendido nada. Porque esta huelga no habla solo de salarios. Habla de ratios imposibles, de burocracia asfixiante, de centros deteriorados, de inclusión sin recursos y de una escuela pública que empieza a resquebrajarse por demasiadas esquinas.

Resulta especialmente decepcionante el papel del president Pérez Llorca, más preocupado por señalar al profesorado que por sentarse a negociar de verdad. El «y tú más» con el Botànic no puede seguir siendo la excusa permanente para justificar cada retroceso. Claro que había problemas pendientes. Pero durante años hubo diálogo, mesas de negociación y avances en derechos educativos que hoy están claramente amenazados. Gobernar no es buscar culpables en el pasado, sino asumir responsabilidades en el presente.

Cada vez que el Partido Popular gobierna, la educación pública valenciana vuelve a entrar en resistencia. Ocurrió durante los años de Camps y Catalá, cuando miles de estudiantes y docentes llenaron las calles en aquella Primavera Valenciana de 2012 que nació para defender las aulas frente a los recortes y el desprecio institucional. Y vuelve a ocurrir ahora. La historia parece repetirse: profesorado agotado, aulas masificadas y una administración más preocupada por el relato político que por la realidad educativa.

Pero conviene recordar algo esencial: la educación pública no pertenece a ningún gobierno. Pertenece a quienes la sostienen cada mañana. A docentes, familias y alumnado. Y cuando quienes enseñan deciden parar, lo hacen para intentar salvar aquello que otros están dejando caer.

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