Opinión | Tribuna
Cartas para tranquilizar, datos para ocultar
La consellera de Educación, Carmen Ortí. / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
La carta enviada por la Conselleria de Educación a las familias valencianas ante la huelga convocada para el 11 de mayo contiene una frase que retrata una forma muy particular de ejercer el poder: “Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”. El mensaje parece razonable e, incluso, protector. Sin embargo, esconde la construcción deliberada de un relato donde cualquier discrepancia con la administración acaba siendo una amenaza para el bienestar del alumnado. La educación valenciana lleva años atrapada en esta línea. Una política educativa basada cada vez más en titulares y cada vez menos en evaluaciones transparentes.
La carta de la consellera Carmen Ortí despliega una larga enumeración de cifras referidas a plantillas, inversiones, salud mental, violencia o ciberacoso… Todo, como prueba incontestable de éxito. No obstante, el verdadero quid de la propaganda institucional no son los datos que ofrece, sino los datos que evita mostrar.
Una administración puede aumentar plantillas y mantener exhaustos a los centros. Puede inaugurar infraestructuras y mantener barracones cronificados. Puede presumir de bienestar emocional y mantener orientadores y tutores asumiendo funciones para las que no disponen de medios suficientes. Puede anunciar una reducción del 60 % del ciberacoso sin presentar ninguna trazabilidad pública de los resultados.
Precisamente ahí aparece una cuestión especialmente incómoda: el progresivo apagón informativo del sistema PREVI, el instrumento oficial creado por la Generalitat para registrar incidencias de violencia escolar y problemas de convivencia en los centros educativos valencianos.
La manifestación de profesores por la huelga educativa llena las calles de Elche /
La propia web de la conselleria evidencia un vacío difícil de justificar. Las memorias públicas sobre convivencia escolar desaparecen a partir del curso 2017‑2018. Desde entonces, las cifras oficiales dejan de ser accesibles. Evidentemente, esto no significa que desaparezca el problema, sino que desaparece la posibilidad de medirlo con honestidad.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia si atiende a otro de los cambios educativos impulsados en esos mismos años: la implantación masiva de la jornada continua en la Comunitat Valenciana. El caso de Elche sigue siendo especialmente significativo. En efecto, aquel proceso provocó una fractura social y judicial que hoy parece convenientemente olvidada, aunque no cerrada. Familias de centros como El Palmeral, El Toscar o La Baia denunciaron irregularidades y posibles perjuicios educativos y sociales derivados del nuevo modelo. Hubo recursos y protestas que llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, una década después y, en contra de lo que dicta la norma, sigue sin existir una evaluación pública y rigurosa que permita saber si la jornada continua ha mejorado aquello que prometía mejorar: la convivencia escolar, el bienestar emocional, el rendimiento académico o la igualdad de oportunidades. Así, resulta paradójico que mientras la conselleria alude hoy a convivencia y salud mental, haya evitado durante años ofrecer herramientas transparentes para comprobar si las políticas y mecanismos educativos aplicados estaban funcionando realmente.
La carta de la consellera no busca informar. Busca blindar un relato de éxito en vísperas de una huelga. La política educativa valenciana parece haber asumido que gobernar consiste menos en resolver problemas que en gestionar campañas institucionales y mensajes orientados al impacto inmediato y la difusión viral. Pero la realidad acaba por imponerse: los comedores escolares van a la huelga por sobrecarga laboral; los directores y docentes piden recursos reales; las familias descubren centros saturados…
En definitiva, resulta ineludible preguntarse: ¿cómo puede la Generalitat afirmar que determinadas políticas educativas mejoran la convivencia o el bienestar emocional si lleva años sin ofrecer datos públicos completos, comparables y transparentes? Quizá ahí resida el verdadero problema de fondo. Cuando solo quedan titulares y propaganda emocional, el problema deja de ser educativo para convertirse, directamente, en democrático.
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