Togas con etiqueta

Hay algo profundamente inquietante en que hayamos normalizado hablar de jueces conservadores y progresistas como si se tratara de una clasificación natural, inocua o incluso inevitable. Lo repetimos con tanta frecuencia en tertulias, medios de comunicación y debates políticos que apenas reparamos ya en la enorme contradicción que encierra. Porque si la justicia debe sustentarse sobre la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley, ¿qué significa exactamente que un juez sea identificado públicamente por su tendencia ideológica? ¿Y, sobre todo, qué consecuencias tiene eso para la confianza de la ciudadanía?

Naturalmente que los jueces tienen ideología. Como la tienen periodistas, enfermeras, profesores, ingenieros o cualquier otra persona. Pretender lo contrario sería absurdo. Nadie deja de tener convicciones personales en función a su profesión u ocupación. El problema no es que existan ideas. El problema aparece cuando esas ideas parecen proyectarse sobre la interpretación de la ley hasta el punto de que la ciudadanía acaba percibiendo que determinadas resoluciones pueden depender más de la sensibilidad ideológica del tribunal que de la propia norma jurídica.

Ahí es donde empieza el deterioro. Porque entonces la justicia deja de contemplarse como un espacio de garantías comunes para convertirse en una especie de lotería institucional donde el resultado parece condicionado por quién juzga, quién acusa, quién es acusado y cuál es el contexto político del momento. Una democracia puede soportar discrepancias jurídicas. Lo que difícilmente soporta es la sospecha creciente de que las decisiones judiciales fluctúan dependiendo del sesgo ideológico de quienes las adoptan.

Resulta especialmente preocupante cuando determinadas cuestiones vinculadas a derechos y libertades generan resoluciones aparentemente previsibles según la etiqueta ideológica atribuida al tribunal. Violencia de género, derechos de las personas LGTBI, eutanasia, aborto, migración, memoria democrática o determinadas causas políticas parecen haberse convertido, en demasiadas ocasiones, en escenarios donde parte de la ciudadanía ya anticipa qué posición tomará un juez incluso antes de conocer los argumentos jurídicos. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser exclusivamente jurídico para convertirse en un problema democrático.

La ley no debería aplicarse de forma distinta según las convicciones morales o políticas de quien la interpreta. Precisamente por eso existen garantías, procedimientos, jurisprudencia y principios de igualdad ante la ley. O al menos deberían existir para eso. Lo contrario supone asumir implícitamente que la justicia no funciona como un sistema de derechos compartidos, sino como un territorio atravesado por afinidades ideológicas, equilibrios de poder y sensibilidades personales.

Pero hay otro elemento todavía más inquietante, cuando esta división ideológica no solo condiciona la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia, sino que también acaba funcionando como un mecanismo interno de control y confrontación dentro del propio estamento judicial. Porque son los propios jueces quienes, agrupados corporativamente en asociaciones claramente identificadas por su tendencia ideológica, actúan muchas veces unos contra otros, cuestionando nombramientos, resoluciones o posicionamientos en función de esa lógica de bloques. Y eso contribuye a trasladar la sensación de que la justicia ya no es únicamente un poder independiente, sino también un espacio de disputa interna por cuotas de influencia y control.

La paradoja alcanza niveles aún más preocupantes cuando es el propio poder político quien participa activamente en esta lógica de bloques. La composición de determinados tribunales superiores o constitucionales se negocia públicamente desde parámetros ideológicos, como si lo verdaderamente importante no fuera la solvencia jurídica o la independencia profesional, sino garantizar cuotas de influencia conservadora o progresista dentro de los órganos judiciales.

Se habla de “mayoría conservadora o progresista” con la misma naturalidad con la que se habla de mayorías parlamentarias. Como si los tribunales fueran una prolongación sofisticada del tablero político y no órganos cuya legitimidad debería descansar precisamente en su independencia respecto a él. El resultado es demoledor para la credibilidad institucional, ya que la ciudadanía acaba percibiendo que la justicia también funciona por bloques, afinidades y estrategias de poder.

¿Es realmente igual la justicia para todos? Porque más allá de la retórica solemne y de la iconografía de ojos vendados, la realidad demuestra que existen demasiados factores capaces de condicionar el acceso, la interpretación y hasta el resultado de la justicia. La capacidad económica para sostener determinados procedimientos, la clase social, la exposición mediática, el origen racial, el género o el respaldo político influyen de manera mucho más decisiva de lo que a menudo se reconoce públicamente. Y si a todo ello se añade además la percepción de una posible inclinación ideológica judicial, la igualdad ante la ley empieza a parecer más un principio aspiracional que una realidad efectiva.

Una democracia puede sobrevivir a gobiernos malos, a crisis económicas e incluso a enormes tensiones políticas. Lo que difícilmente puede soportar durante demasiado tiempo es que una parte creciente de la ciudadanía llegue a pensar que la justicia también depende de quién seas, de cuánto tengas o de quién te juzgue.

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