Colaborar no es financiar a ciegas

La respuesta de la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo en la Comisión de Presupuestos merece una reflexión política de fondo. Preguntada por qué la Generalitat mantiene una subvención de 1,5 millones de euros a la Cámara de Comercio de Alicante para un proyecto paralizado porque las obras no disponen de licencia, respondió: “Me ratifico: siempre vamos a colaborar con las cámaras. Son instrumentos de derecho público que nos ayudan a poner en marcha iniciativas fundamentales”.

La frase parece razonable. Incluso institucional. Pero ahí está el problema: bajo una fórmula impecable se esconde una decisión difícilmente defendible. Nadie cuestiona el papel de las cámaras de comercio ni su utilidad para apoyar al tejido empresarial. La pregunta es otra: si debe mantenerse una subvención pública de 1,5 millones para una obra que no tiene resuelta su legalidad urbanística.

Y ese es el centro del debate.

Cuando una administración presupuesta dinero, no formula una declaración de simpatía institucional. Establece prioridades. Decide qué proyectos merecen recursos públicos y bajo qué condiciones. Por eso preocupa que la Generalitat mantenga intacta una ayuda millonaria para unas obras paralizadas, con problemas de licencia y pendientes de regularización. Una cosa es colaborar con una institución y otra financiar a ciegas un proyecto paralizado por irregularidades urbanísticas.

Si la Cámara de Comercio cumple funciones públicas, colabora con la Administración y recibe fondos públicos, debe ser ejemplar en transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Su naturaleza jurídica no puede presentarse como salvoconducto. Al contrario: exige más control.

Pero no siempre se puede colaborar, y menos cuando el proyecto no es viable. Se colabora cuando cumple la legalidad.

El argumento de la consellera es peligroso: como las cámaras son útiles, se colabora siempre. Pero no siempre se puede colaborar, y menos cuando el proyecto no es viable. Se colabora cuando cumple la legalidad, cuando la finalidad está clara y cuando las condiciones están garantizadas.

Alicante no está sobrada de recursos. Hay barrios esperando inversiones, necesidades sociales, educativas, sanitarias y de vivienda que reclaman financiación. Hay pequeños comercios que necesitan apoyo real, autónomos que sobreviven con dificultad y empresas que no reciben ese trato preferente. Mantener 1,5 millones para una obra sin licencia no es una cuestión técnica menor. Es una decisión política. Y debe explicarse.

El mensaje que traslada la consellera Cano es preocupante: cuando hablamos de una institución con poder e influencia, las cautelas parecen incidencias menores. Si fuera un ciudadano, una pyme o una asociación quien incumpliera un requisito, la Administración exigiría papeles, plazos, licencias y justificaciones. Ese doble rasero erosiona la confianza pública.

La legalidad urbanística no puede ser flexible según quién construya y ahí el Ayuntamiento de Alicante y Barcala no debe de ceder.

La legalidad urbanística no puede ser flexible según quién construya y ahí el Ayuntamiento de Alicante y Barcala no debe de ceder utilizando un argumento similar al de la Consellera. Una subvención no es un premio de confianza; es dinero público sujeto a condiciones, control y justificación.

La Generalitat debería suspender la ayuda hasta que el proyecto tenga licencia, viabilidad urbanística plena y garantías jurídicas suficientes. Y, si eso no se produce, reasignar esos 1,5 millones a necesidades reales de Alicante, como han reclamado mis compañeros José Diaz y Maite García, en les Corts Valencianes

La consellera se ratifica. Nosotros también: ni un euro público para proyectos que no tengan resuelta su legalidad.

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