La educación no puede sostenerse solo con vocación

En la Comunitat Valenciana llevamos demasiado tiempo confundiendo la capacidad de resistencia del profesorado con la buena salud del sistema educativo. Y no son lo mismo. Que miles de docentes hayan seguido entrando cada mañana en las aulas pese al deterioro progresivo de sus condiciones laborales y de los recursos de los centros no significa que el sistema funcione.

La huelga educativa de estos días no surge de un conflicto puntual, ni de una reivindicación aislada. Es la consecuencia lógica de dos décadas de desgaste acumulado. Veinte años en los que el coste de la vida ha aumentado de forma sostenida mientras los salarios docentes permanecían prácticamente congelados. Veinte años perdiendo poder adquisitivo en silencio. En esos veinte años el colectivo de profesores/as hemos escuchado promesas, mesas de negociación y anuncios que nunca abordaban el problema de fondo.

La propuesta planteada ahora por la conselleria evidencia, precisamente, hasta qué punto se ha normalizado este deterioro. Presentar como un gran esfuerzo una subida progresiva de apenas 200 euros repartidos en varios años transmite una preocupante desconexión con la realidad económica actual y con la magnitud de la pérdida salarial acumulada. No hablamos de privilegios. Hablamos de recuperar, aunque solo sea parcialmente, unas condiciones que permitan vivir con dignidad a quienes desempeñan una de las funciones más decisivas para cualquier sociedad avanzada.

Porque conviene recordar algo que a menudo se olvida en determinados discursos públicos: la educación no se sostiene únicamente con vocación. La vocación no paga alquileres, hipotecas ni suministros. Tampoco compensa el agotamiento derivado de ratios excesivas, la sobrecarga burocrática, las sustituciones que llegan tarde o directamente no llegan, ni la sensación creciente de abandono institucional.

La precarización no afecta solo al profesorado. Afecta, sobre todo, al alumnado. Y ahí reside el verdadero problema.

Hay aulas masificadas donde resulta imposible atender adecuadamente la diversidad real del alumnado. Hay centros con infraestructuras impropias de una sociedad desarrollada: instalaciones envejecidas, aseos saturados, problemas de climatización, barracones que se eternizan y espacios educativos que no responden a las necesidades pedagógicas actuales. Hay departamentos de orientación claramente insuficientes y equipos directivos absorbidos por una burocracia cada vez más asfixiante. Esta situación ha llegado incluso a normalizarse. Nos hemos llegado a acostumbrar a trabajar de esta manera en la educación pública, asumiendo que “la educación pública es así”.

Mientras tanto, el discurso político continúa apelando a la modernización, la innovación y la excelencia educativa. Pero la excelencia no se proclama. Se financia, se planifica y se cuida.

Especialmente preocupante resulta la situación de la Formación Profesional. Desde hace años se repite, con razón, que la FP representa una vía estratégica para el desarrollo económico, la empleabilidad y la conexión entre educación y tejido productivo. Sin embargo, resulta difícil compatibilizar ese discurso con decisiones como la supresión de líneas y grupos formativos en la Comunitat Valenciana. Reducir plazas en un contexto de demanda creciente significa dejar fuera a miles de jóvenes que desean formarse y mejorar sus oportunidades laborales. Significa, en la práctica, limitar el acceso precisamente a una de las etapas educativas que más se reivindica desde el ámbito político y empresarial.

No se puede defender públicamente una apuesta firme por la FP mientras se recortan estructuras que permiten hacerla posible. Ambas cosas son incompatibles.

Además, la situación educativa valenciana evidencia otra realidad incómoda: la escuela pública continúa asumiendo el grueso de la complejidad social. Es la red pública la que escolariza mayoritariamente al alumnado más vulnerable, la que integra perfiles diversos, la que garantiza cohesión territorial y la que sostiene el principio de igualdad de oportunidades más allá del código postal o de la situación económica de las familias.

Por eso defender la educación pública no es una cuestión ideológica ni corporativa. Es defender uno de los pocos espacios donde todavía existe la posibilidad real de equilibrar desigualdades de origen. Debilitarla, deteriorarla o infrafinanciarla tiene consecuencias mucho más profundas de lo que a veces se quiere admitir.

Y, sin embargo, la educación sigue instalada en una lógica política cortoplacista. Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian las prioridades, pero los problemas estructurales permanecen. Cada legislatura parece comenzar desde cero, como si el sistema educativo pudiera reconstruirse continuamente sin costes. Mientras tanto, los profesionales acumulan reformas, instrucciones, cambios normativos constantes y nuevas exigencias sin que exista una estrategia estable, rigurosa y sostenida en el tiempo.

La huelga actual debería interpretarse como una advertencia seria. No solo por las condiciones laborales del profesorado, sino porque revela el agotamiento de un modelo que lleva demasiado tiempo funcionando al límite.

Una sociedad puede permitirse muchas cosas. Lo que difícilmente puede permitirse es normalizar el deterioro progresivo de su educación pública. Porque cuando un sistema educativo pierde capacidad para atraer, motivar y retener buenos profesionales; cuando las aulas dejan de ser espacios adecuadamente atendidos; cuando la precariedad se convierte en costumbre y se normaliza, el problema deja de ser exclusivamente educativo. Pasa a ser un problema de país.

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