La porra, la tiza y Rovira cantando

El Govern del PP valenciano lleva tres semanas intentando convencer a 78.000 docentes de que un primer tramo de 75 euros brutos mensuales es un gran esfuerzo. Mientras tanto, un antidisturbios derribó a una profesora jubilada en la calle y la consellera abandonó la mesa de negociación cuando los sindicatos pidieron hablar de dinero con Hacienda.

Hay una escena que lo resume todo. El pasado domingo, un agente antidisturbios propinó un empujón a una mujer que se encontraba en la manifestación de los docentes. La agredida —jubilada que apoyaba al profesorado— cayó de bruces contra el asfalto. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, calificó la imagen de «inaceptable», la afectada presentó denuncia y la Policía abrió un expediente. Todo ocurrió en el contexto de una huelga indefinida que el Govern de Juanfran Pérez Llorca ha gestionado con desaire estudiado y ofertas de saldo. El origen de esa imagen no está en la violencia de la calle, sino en la de un presupuesto.

La huelga arrancó el 11 de mayo. La chispa que prendió la mecha fue la modificación del Decreto de Ratios para el curso 2026-2027, que los docentes denuncian como un aumento de alumnos por aula. Los salarios del profesorado valenciano han sufrido una pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que los sindicatos mayoritarios cifran en torno al 20 %.

La Generalitat ofreció inicialmente 120 euros mensuales de aumento, cifra que los sindicatos recibieron con el mismo entusiasmo que una nota de condolencias. Ante la presión, la propuesta escaló a 200 euros brutos mensuales, pero fraccionados: 75 euros en 2026, otros 75 en 2027 y 50 en 2028. La consellera Carmen Ortí lo presentó como un logro histórico que situaría al profesorado valenciano en el tercer puesto del Estado, tras Navarra y el País Vasco. Los docentes siguieron en huelga.

Los tres sindicatos mayoritarios —STEPV, CCOO y UGT— exigieron una subida del 20 % con cláusula de revisión. Para la conselleria, eso equivalía a cruzar una línea roja invisible trazada en el despacho contiguo. Porque aquí asoma el personaje más relevante de esta función: José Antonio Rovira, conseller de Hacienda, que guarda la caja con la flexibilidad de un cerrojo oxidado. Su papel en este conflicto es el del árbitro que no aparece en el campo, pero que anula todos los goles desde la cabina: omnipresente en su ausencia, determinante en su silencio. Cuando los sindicatos mayoritarios propusieron consultar directamente con él para estudiar la viabilidad de sus demandas económicas, la consellera Ortí dio por terminada la sesión de forma abrupta y abandonó la reunión. Cuando el fondo de la cuestión asoma, el Govern se marcha.

El Consell argumentaba que la protesta estaba sobredimensionada, pero el 78 % del profesorado rechazó la oferta en consulta directa. El president elevó el tono: denunció el «chantaje» sindical, advirtió que «querían imponer» y presentó como ideológica, e incluso «ilícita», la exigencia de derogar la ley de libertad educativa. Es el truco de siempre: cuando no conviene responder a las razones, se discuten las intenciones; cuando no se quiere subir el sueldo, se sube el tono. Pero la realidad fue en dirección contraria al relato oficial: en una consulta posterior, el rechazo del profesorado se elevó al 91 %, con un 80 % favorable a mantener la huelga.

Tras una sucesión de declaraciones que el profesorado vivió como ataques directos, la sensación de agravio se instaló en los centros educativos. La huelga dejó de ser solo un conflicto salarial para convertirse en algo más incómodo: una cuestión de dignidad. Y es muy difícil resolver una cuestión de dignidad con un calendario de incrementos que se extiende hasta 2028 y que un conseller de Hacienda contempla desde lejos, cuál Poncio Pilatos con Excel.

Mientras, más de 800.000 alumnos llevan semanas con su educación interrumpida, la selectividad ha arrancado envuelta en la incertidumbre y la Associació de Direccions d'Escola Pública ha condenado las agresiones policiales, afirmando que «defender la escuela pública no es ningún delito».

Lejos de amainar, el conflicto ha acampado esta semana en la Plaza de la Virgen de València y ha alcanzado directamente las alfombras rojas del Consell. Este mismo martes, el president Pérez Llorca ha tenido que sortear un cordón policial entre abucheos y gritos de dimisión para refugiarse en el garaje del Palau de la Música, donde se entregaban los Premios Rei Jaume I. Los trajes de gala del Consell contrastaban en la calle con los silbatos y las camisetas de unos docentes que ya no se rinden. Al mismo tiempo, se confirmaba la apertura de expediente disciplinario al agente que empujó a la manifestante. El foco ya no se puede desviar.

El cuadro, visto en perspectiva, presenta a un Govern que negocia con cuentagotas, una consellera que abandona la mesa cuando la conversación se pone seria, un president que habla de chantaje mientras entra por la puerta de atrás de los eventos oficiales y un conseller de Hacienda que contempla el incendio desde la sacristía presupuestaria, como si el conflicto no fuera suyo. Al fondo, un antidisturbios derriba a una profesora jubilada en la calle.

En esta cuarta semana de huelga, la Comunitat Valenciana presenta tiendas de campaña en las plazas, una profesora jubilada con denuncia, 78.000 docentes sin acuerdo y un conseller de Hacienda con el presupuesto intacto. La porra cumplió su función. La tiza, todavía no.

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