Lo que queda de fiesta

Vaya por delante que en una democracia donde se respetaran mínimamente las reglas que la rigen, un presidente que perdiera el apoyo de alguna de las fuerzas políticas merced a cuyos votos logró ser investido y ya no sumara los escaños suficientes para representar a la mayoría de la Cámara, daría de inmediato por finiquitada la legislatura y llamaría a los ciudadanos a pronunciarse en las urnas. Ninguna excusa serviría para no hacerlo. Ni que quienes ahora votan en comandita con la bancada de enfrente sólo persiguen sus propios intereses, porque lo mismo valdría decir del día que le apoyaron a él. Ni que eso sería abrirle la puerta del Gobierno a la ultraderecha, porque cuando los ciudadanos son convocados a elecciones son ellos los que deciden a quién le franquean el paso y a quién le dan el portazo, en el ejercicio de la soberanía que les reconoce la Constitución.

Vaya por delante eso, aunque como mera declaración de principios, porque no es algo que vaya a pasar. Entre otras cosas porque en nuestro sistema parlamentario una moción como la que Feijóo y Abascal, con la ayuda de Junts, sacaron adelante en el Parlamento esta semana, pidiéndole al presidente que dimita, no tiene otro valor que el de comprobar que los enemigos de antes son ahora, si no amigos, compañeros de cartas. Por lo demás, es un quiero y no puedo porque aquí las únicas mociones que derriban gobiernos son la de confianza, que Sánchez, que es el único que puede, no va a presentar, y la de censura, que tampoco Feijóo quiere registrar porque sabe que no la va a ganar.

El PP en todo caso está convencido de que tras la condena de Ábalos y Koldo, la retirada del pasaporte a la mujer del jefe del Ejecutivo y el estallido del “caso Zapatero”, que para el PSOE sólo puede ir a peor puesto que el expresidente ha optado por tratar de anular el procedimiento, lo que jurídicamente es legítimo pero políticamente es letal, Sánchez no tiene otra opción que convocar elecciones. Los populares piensan que los comicios tendrán lugar en noviembre y con ese calendario han activado el suyo propio: en este próximo mes de julio, candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades proclamados formalmente; en septiembre, confirmación de los aspirantes a la presidencia de las comunidades en juego en 2027. No son ellos los que ahora se medirían en las urnas si hubiera adelanto. Pero es la forma de trasladar que la alternativa de gobierno está organizada y en estado de revista. Y de alinear el partido.

Eso, lógicamente, tiene sus repercusiones en la Comunitat Valenciana, un territorio donde el PP sigue teniendo problemas que sólo consigue disimular gracias a la debilidad que transmite el PSPV. La confirmación oficial en julio de los candidatos a las principales alcaldías permitirá a Luis Barcala optar a un nuevo mandato a pesar de que el diferencial con Vox rebaja en Alicante la media nacional y de la propia Comunidad, según sus propias encuestas. Se han barajado sustitutos pero, como ya se escribió aquí, ninguno capaz de convencer a Feijóo para proceder al relevo. La posterior proclamación de los candidatos autonómicos hará que Juan Francisco Pérez Llorca encabece la candidatura a la presidencia de la Generalitat sin haber pasado por el Jordán de un congreso regional que lo elija, en contra de lo que él mismo había venido defendiendo (y con razón) desde que tuvo que sustituir a Mazón. Se dará así la circunstancia de que tres de los cuatro aspirantes a presidir la Generalitat que tendrán representación en las próximas Corts, entre ellos los dos que más posibilidades tienen de habitar el Palau, lo serán porque así se ha decidido en Madrid: fue Sánchez quien impuso a Diana Morant (aunque luego pasara por un congreso muelle), Feijóo quien va a tener que tragarse a un Llorca del que no termina de fiarse y Abascal el que acabará colocando al frente a Llanos Masó, actual presidenta del Parlament, no porque pretenda que presida la autonomía, sino precisamente porque carece de ella. No nos engañemos: siempre ha sido más o menos así. Pero tanta falta de respeto por el qué dirán como en esta ocasión no se había visto antes, así de anémicos deben percibirnos desde la Villa y Corte. Si Compromís tuviera algo más de inteligencia política y algo menos de sectarismo; si entendiera esta Comunitat como es en vez de pretender imponer una tan pequeña como la que habitualmente defiende, tendría una oportunidad de oro. Pero no es el caso.

Hemos hablado de elecciones en noviembre, pero hemos señalado que ese es el calendario con el que juega el PP, no necesariamente el que vaya a producirse. Feijóo cree que ese es el mes porque Sánchez no puede aguantar más y porque da por derrotado al PSOE y piensa que el jefe del Ejecutivo tratará de separar lo más posible esa debacle de las elecciones municipales y autonómicas del último domingo de mayo próximo. Hay, sin embargo, quien en el PSOE piensa que la estrategia debe ser otra. Que la legislatura está muerta y por tanto toca adelantar, sí. Pero a marzo. ¿Por qué? Porque cuadra mejor: dejar pasar el verano, armar un presupuesto que es en realidad una mezcla de programa electoral y carta a los Reyes Magos, negociarlos aun a sabiendas de que no van a prosperar pero haciendo asumir al resto el coste de rechazarlos, agotar el plazo para votarlos, que expira con el año, y luego, con el argumento de que no han salido, convocar elecciones. ¿Que en marzo se pierden los comicios y después hay que ir con esa pesada mochila a unas municipales con apenas dos meses de diferencia? Cierto. Pero se iría a votar probablemente sin Gobierno de la nación constituido y con Feijóo negociando todavía cesiones a Abascal para ser investido. O, si corren tanto como Mazón, con un recién estrenado Ejecutivo en el que derecha y ultraderecha compartirían tálamo. El relato que Sánchez quiere.

Lo que todos los años tiene fecha fija son las Hogueras, que acaban de celebrarse en Alicante con la virtud de evidenciar precisamente el mal estado de salud de la cosa pública en esta Comunitat. Su segundo municipio en censo ha vuelto a ser durante unos días una ciudad sin ley, gobernada de forma anárquica por quienes no han sido elegidos en ningún proceso representativo, convertida en un inmenso bar, con sus zonas más nobles invadidas por negocios privados que se enseñorean del espacio de todos (camiones encima de la Explanada, discotecas rodeando el Portal de Elche, barras colocadas contra la fachada protegida del Teatro Principal…), ante la inhibición del Ayuntamiento.

Las fiestas de Alicante (lo escribe quien ha sido mantenedor y ninot) se están desnaturalizando tanto que han llegado al punto de hacer huir de su ciudad a una parte cada vez mayor de los alicantinos mientras otra, no más pequeña pero que por circunstancias diversas no puede escaparse, permanece recluida a la fuerza, y en muchos casos con sus bienes expropiados, durante más de una semana, ante la inacción y el silencio, unas veces cobarde y otras cómplice, de sus representantes institucionales, incapaces de frenar los excesos que cada vez con más impunidad y en mayor medida se cometen. La ciudad ha dejado de engalanarse para que brille el arte efímero de los monumentos: simplemente se colmata de vallas, neveras y altavoces, convertidos en los verdaderos protagonistas de una celebración que tampoco huele ya a pólvora, sino a orín; ni llena las calles de luces, sino de cables.

Ningún líder nacional de relieve (Tellado es un secretario de Organización, esto es, un capataz con la esperanza de vida limitada) se ha dejado caer por el décimo municipio de España en sus días grandes. Alicante es una ciudad en pendiente, cuya política no puede ser más plana. Pero, aunque exagerado, no deja de ser un reflejo de la Comunidad a la que pertenece.

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