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Opinión | El ojo crítico

¡Ja, ja, ja!

Los juzgados de la calle Pardo Bazán, en Alicante.

Los juzgados de la calle Pardo Bazán, en Alicante. / PILAR CORTÉS

No pude evitar soltar una carcajada cuando hace unos días me enteré de que la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el llamado el Pequeño Nicolás no debía ingresar en prisión a pesar de haber sido condenado en varios procedimientos a un total de 12 años y medio de prisión por la comisión de varios delitos. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que así se llama, tuvo su momento de gloria hace unos años cuando se descubrió que, gracias a haber embaucado a varios altos cargos del Partido Popular, consiguió pasearse en coche oficial y dárselas de agente secreto al servicio del Gobierno, lo que supuso que el Partido Popular quedase como un partido lleno de pardillos al que un joven de poco más de 20 años les supo tomar el pelo. Y aunque la situación judicial española no está para tomársela a risa, la decisión de la Audiencia de Madrid fue el colofón a un mes de decisiones judiciales que, sino fuera por la gravedad de algunas de ellas y lo mucho que ha perjudicado la vida presente y futura de varias personas, todas estas decisiones serían aptas para formar un totum revoltum de comicidad.

Afirma la Audiencia Provincial de Madrid que Francisco Nicolás, sentenciado a varias penas de prisión por la comisión de varios delitos, no debe ingresar en prisión porque, total, 1 año y medio por aquí, 3 años y pico por allá, otros 3 más allá, tampoco es cosa de gravedad y como se ha comprometido a no volver a delinquir en los próximos 4 años se le perdonan los 12 años y puede irse a su casa. A este escándalo mayúsculo que ha pasado desapercibido en la judicatura española porque, al parecer, no ha sido culpa del Gobierno, hay que sumar la reciente condena de 2 años y medio de cárcel a Francisco Granados como consecuencia del llamado caso Púnica. Granados fue consejero de la Comunidad de Madrid, secretario general del PP de Madrid y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando fue presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tal vez el amable lector recuerde que cuando Francisco Granados fue detenido y se procedieron varios registros en sus casas y en la de sus familiares la policía encontró 922.000 euros en la casa de sus suegros escondidos en un falso techo. Los suegros manifestaron que tal vez se los habían dejado un fontanero que estuvo trabajando en el domicilio o unos trabajadores de Ikea que habían acudido al domicilio a montar unos muebles. Ante semejante declaración que provocó la carcajada incluso en el PP madrileño, Granados aseguró que era un dinero que había acumulado de su época de bróker de bolsa. En cualquier caso es imposible no hacer comparaciones con la reciente condena a 24 años de José Luis Ábalos por similares delitos con la excepción de que en el caso de Ábalos no se le encontró dinero, ni coches ni bienes de lujo.

Una de las asignaturas pendientes de la democracia española es el control de la Justicia por parte del resto de poderes del Estado. No puede ser que los jueces se controlen a ellos mismos. Mientras esto sea así aparecerán lunáticos con ansias de protagonismo que pensarán que puede hacer lo que quiera.

En la última apertura del año judicial, la presidenta del Consejo General Poder Judicial, María Isabel Perelló, se quejó en su discurso de que las continuas críticas del ejercicio de la judicatura por parte de los partidos políticos suponía el desprestigio de la justicia. Se equivocó en su apreciación. Lo que desprestigia la justicia son sentencias que en la práctica absuelven a delincuentes confesos como Víctor de Aldama o Francisco Nicolás. Lo que hace que los españoles piensen que la justicia depende del juez que te toque son sentencias como la de José Luis Ábalos mientras la pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva varios años siendo investigado sin que se sepa cuando se sentará en el banquillo, aunque, por otra parte, ¿para qué?, ¿para que se le aplique la doctrina del pequeño Nicolás?

Hace muchos años, cuando yo muy era joven, un juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera inició diligencias contra el entonces alcalde de esta ciudad por afirmar que la justicia era un cachondeo. ¿Y qué se podría decir de unos jueces que impiden asistir a la reunión de la OTAN a la mujer del presidente del Gobierno con el peregrino argumento de que se puede fugar y evitar la acción de la justicia? Los jueces se desprestigian solos con melonadas como esta.

No voy a calificar a la Justicia española como un cachondeo. No quiero pasarme los dos próximos años acudiendo al juzgado porque algún cretino presente fotocopiado este artículo en el Decanato de los juzgados de Alicante para que algún juez con ansias de pasar a la historia me incoase diligencias previas por posible comisión de sepa Dios qué delitos. Así que lo diré de otra manera para evitar problemas: los jueces en España hacen lo que les da la gana. ¿Ha quedado claro?

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