Prioridad nacional y vivienda en Andalucía: un pacto ilegal e inmoral

Pese a que el presidente de Andalucía descalificó el concepto de prioridad nacional durante la campaña electoral, ha terminado aceptándolo ya que en el acuerdo que ha firmado con VOX se lee: “Acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Tras ello,se establece como arraigo un empadronamiento de un mínimo de 10 años para compra y de 5 para alquiler, añadiendo otras prioridades como “vinculación familiar”, “relación afectiva del solicitante con el territorio” o“existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía”.

La legislación española sobre acceso a la vivienda de protección oficial se fundamenta en tres requisitos: nivel de ingresos, ausencia de propiedad e inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es cierto que algunas administraciones públicas han añadido al baremo un tiempo mínimo de empadronamiento, pero la ley se vulnera si esto último se convierte en principio rector. De hecho, el Tribunal Supremo y el Constitucional han dictaminado que ayuntamientos y comunidades autónomas no pueden establecer criterios de arraigo excesivos porque ello restringe derechos fundamentales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha prohibido la “discriminación indirecta”, esto es, toda norma que, bajo la apariencia de neutralidad, afecte negativamente a un determinado grupo de personas. No soy jurista, pero es evidente que los requisitos del pacto andaluz arriba citados se han establecido con la finalidad de discriminar a los inmigrantes.

Imaginen ahora este dilema moral. En una ciudad andaluza, alguien ha donado al ayuntamiento su casa y optan a la misma dos hogares. El primero es unipersonal, una joven de 30 años soltera, nacida en esa ciudad, que vive y trabaja en ella con una renta anual de 25.000 euros. El segundo, una familia inmigrante compuesta por padre, madre y tres hijos con una renta de 20.000 euros y que también vive y trabaja en esa ciudad. ¿Actuará de modo ético el ayuntamiento que otorgue la casa a la joven andaluza cumpliendo así el pacto PP-VOX? Contestaré a la pregunta utilizando no sólo la ética kantiana, sino la de la actual doctrina católica.

No es la primera vez que en mis artículos de opinión en este diario me refiero al imperativo categórico:“Actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal”. Dicho esto, ¿es ético conceder un piso de propiedad pública con el único criterio de prioridad nacional? No, porque si todos los gobiernos lo hicieran, las personas vulnerables quedarían excluidas del derecho a una vivienda digna, violándose el deber de auxilio entre seres humanos y el respeto a la dignidad humana como fin en sí misma y no como medio para que otros logren sus objetivos - en este caso, maximizar poder por parte de PP y VOX-.

Para la Iglesia Católica, Dios ha creado a todos los seres humanos con la misma dignidad y ha querido que los bienes de la Tierra estén destinados a toda la humanidad. Así pues, negar una vivienda pública a quien tiene más necesidad es inmoral porque vulnera ambos principios. Merece la pena citar en este sentido un párrafo de la encíclica de Francisco Fratelli tutti: “Nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo».

¿Qué moral hay, pues, detrás del documento pactado por PP y VOX en Andalucía? Una nacionalismo excluyente fundamentado en que la dignidad humana de un extranjero posee menos valor que la de un español. Una ética con la que comulgó el liberalismo español y que alcanzó su paroxismo durante la dictadura franquista.

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