Enfermar no es absentismo

Las recientes declaraciones de Núñez Feijóo ante un auditorio empresarios vascos, comprometiéndose a acabar con lo que calificó como el "cáncer" del absentismo, incluso sin el acuerdo de sindicatos y patronal, merecen una reflexión. No solo por la desafortunada utilización del término "cáncer" para describir una realidad laboral compleja, sino porque sus afirmaciones trasladan la idea simplista y peligrosa de identificar el incremento de las bajas laborales con una supuesta cultura del fraude, la picaresca y la falta de compromiso de los trabajadores.

Se alimenta, así, un relato basado más en la sospecha que en la evidencia.

La primera confusión consiste en equiparar incapacidad temporal y absentismo. No son sinónimos. El absentismo engloba múltiples formas de ausencia al trabajo, mientras que la incapacidad temporal constituye una prestación reconocida legalmente para proteger a quienes, por enfermedad o accidente, no pueden trabajar. Confundir ambas realidades no es un simple error terminológico; supone trasladar a la sociedad la idea de que quien está de baja laboral es, por definición, un trabajador sospechoso de eludir sus obligaciones.

Tampoco responde a la realidad afirmar que quien está de baja cobra lo mismo que quien continúa trabajando. La legislación establece condiciones y porcentajes diferentes según el origen y la duración de la incapacidad temporal, existiendo incluso periodos en los que la pérdida económica resulta evidente. Por tanto, se proyecta una imagen distorsionada de un sistema cuya finalidad no es premiar la inactividad, sino proteger la salud.

Es cierto que las bajas laborales han aumentado de manera significativa durante los últimos años. La pregunta relevante no es cuántos trabajadores intentan aprovecharse del sistema, sino qué está ocurriendo para que aumenten precisamente las patologías músculo-esqueléticas, los trastornos de salud mental y las enfermedades respiratorias, responsables del mayor crecimiento de las incapacidades temporales.

No se trata de una supuesta pérdida de cultura del esfuerzo, sino de unas condiciones laborales cada vez más exigentes, de entornos ergonómicamente inadecuados, del incremento de riesgos psicosociales, de precariedad, del envejecimiento de la población trabajadora, del impacto del cambio climático sobre determinadas actividades o incluso de los retrasos asistenciales que prolongan procesos de recuperación. Todo ello exige rigor, análisis, investigación y medidas preventivas. Culpar al trabajador antes de comprender por qué enferma supone invertir el orden lógico de cualquier política pública responsable.

Además, vuelve a obviarse —por ignorancia o por interés— la importancia de los cuidados. La prioridad no debería ser el coste que generan las incapacidades temporales, sino la salud de las personas trabajadoras y las causas que las provocan. Invertir ese orden no constituye un simple error; supone situar el impacto económico por delante del bienestar y la dignidad de quienes trabajan. Y ese planteamiento resulta profundamente injusto y perverso. Cuidar los entornos laborales y a las personas trabajadoras constituye la estrategia más eficaz para generar espacios de trabajo saludables, promover la salud, prevenir la enfermedad, reducir las incapacidades temporales y mejorar la salud colectiva. Pero, cuidar exige compromiso, inversión y responsabilidad, mientras que desplazar el debate hacia el coste de la enfermedad resulta mucho más sencillo y políticamente más rentable.

Si desde la política se transmite la idea de que el incremento de las bajas responde fundamentalmente al abuso, no solo se sospecha de millones de trabajadores. También se cuestiona implícitamente el criterio profesional de quienes tienen la responsabilidad legal de valorar y certificar esas incapacidades temporales, deteriorando injustamente la confianza en las instituciones y en los profesionales de la salud.

La incapacidad temporal, además, no protege únicamente a quien enferma. Protege también a sus compañeros, a las empresas y al conjunto de la sociedad. Obligar, directa o indirectamente, a trabajar enfermo no mejora la productividad; la deteriora. Favorece el presentismo, cronifica problemas de salud, incrementa riesgos laborales y puede convertir una recuperación posible en una incapacidad más prolongada. Desde una perspectiva de salud pública, cuidar la salud de quienes trabajan no es una concesión, sino una obligación colectiva.

Para combatir un supuesto fraude, primero hay que demostrarlo, no presuponerlo y mucho menos darlo por sentado. Lo contrario, responde más a la construcción de un relato político que a la voluntad real de resolver el problema.

Quien aspira a gobernar un país tiene pleno derecho a proponer reformas laborales o revisar el funcionamiento de la incapacidad temporal. Pero, resulta exigible que se planteen desde el diálogo, la negociación y el consenso con los agentes sociales, no imponiéndolas con o sin su acuerdo, como manifestó públicamente Núñez Feijóo. Gobernar no consiste únicamente en tener la capacidad de decidir, sino también en demostrar la voluntad de escuchar y construir acuerdos sobre cuestiones que afectan a los derechos y a la salud de las personas. Lo que no resulta aceptable es promover cambios de esta trascendencia desde la tergiversación de los datos, la confusión de conceptos o la sospecha permanente sobre las personas trabajadoras.

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