¿Quién teme a Puigdemont?

Este jueves 16 de julio es una fecha de inflexión en la política catalana y española. Si las previsiones se cumplen y los 15 jueces de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE validan el dictamen que hizo el abogado general Dean Spielmann, quedarán invalidados los dos grandes obstáculos que impedían aplicar completamente la amnistía: la cuestión de la malversación, que plantea el Tribunal de Cuentas; y la cuestión del terrorismo, que plantea la Audiencia Nacional. En resumen, si este es el resultado, el TJUE negaría responsabilidad contable por el 1-O, y negaría terrorismo para los CDR, sentencia la cual, sumada a dos avales del TC a la ley de amnistía, cerraría definitivamente el ciclo jurídico y, con él, tendría que cerrar el ciclo político derivado del Primero de Octubre.

Pero, y esta es la gran pregunta, ¿pasará esto? Es decir, ¿se aplicará completamente la amnistía a todos los afectados que todavía no la han podido disfrutar, o los tribunales españoles -con el Supremo al frente-, intentarán la enésima maniobra para impedirlo? Sobre todo, y especialmente, impedir el hecho más simbólico de todo el proceso: el retorno de Carles Puigdemont. Al fin y al cabo, han conseguido retrasarlo dos años con ideas tan peregrinas como considerar que, a pesar de no haber malversación de dinero público, los líderes catalanes habrían malversado porque habían sacado una ganancia política. Que este retorcimiento del concepto malversación no aguanta ni la primera lectura quedará ratificado por el TJUE, pero ha servido para vulnerar los derechos fundamentales de los afectados. Aun así, ahora ya estamos al final del camino y el Supremo ya no podrá inventar malabarismos conceptuales, porque se trata de acatar la sentencia del tribunal superior de la UE. Sea ahora mismo, o dentro de unos meses, Puigdemont volverá.

Hasta aquí el relato público establecido: el Supremo ha sido el responsable de torpedear, una y otra vez, el retorno de Puigdemont, cosa que es cierta. Pero, ¿ha sido el único? O todavía más, ¿es el principal responsable? Y es en esta pregunta dónde las miradas cambian de bando, porque en realidad quien lo ha hecho todo para no aplicar la amnistía ha sido el Tribunal Constitucional. Y para ser más precisos, el mismo PSOE, vía Conde Pumpido, según la percepción que tiene Junts y que quedó reflejada por escrito en el informe que Zapatero trasladó a Sánchez, después de la ruptura del acuerdo. Convencido del dominio político del PSOE sobre Pumpido, Junts tiene motivos para entender que Sánchez les hacía 'luz de gas' porque no quería el retorno inmediato de Puigdemont, tanto para evitar el zarandeo en Catalunya (y romper la 'calma' impuesta por Illa), como por no tener que gestionar el regreso del máximo dirigente independentista que había prometido encarcelar. El calendario (y algunas reuniones en el hotel Mauro entre ZP y Pumpido) avalan la convicción: el PSOE se comprometió al aval del TC para junio de 2024, después para septiembre, más tarde para diciembre, posteriormente para marzo de 2025 y finalmente se avaló en junio de 2025. Pero, encima, el TC decidió no resolver el amparo de los afectados para levantar la orden de detención, ante la negativa del Supremo, y lo pospuso a la espera de la sentencia del TJUE, que llegará este jueves. ¿Por qué si, como señala Gonzalo Boye, no tenía ninguna duda de la compatibilidad de la ley con el derecho de la Unión? O la tenía, y tenía que presentar una prejudicial (cosa que no hizo), o no la tenía y tenía que resolver el amparo. Lejos de esto, Pumpido forzó innecesariamente el calendario con la excusa del Supremo, cosa que ha impedido durante dos años el retorno de Puigdemont.

¿Es por eso que el TC vuelve a posponer la decisión hasta octubre? ¿Para ganar tiempo en favor de Sánchez, como parece haber hecho hasta ahora? Al fin y al cabo, a estas alturas, el retorno de Puigdemont le quita más el sueño al PSOE (tanto en Catalunya, como en España) que al PP, y Pumpido domina el calendario. O lo dominaba porque, como también plantea Boye, el Supremo podría acatar la sentencia y aplicar sin ninguna dilación la amnistía. Sería una jugada inesperada pero con gran repercusión política, que dejaría el PSOE con el pie cambiado. Curiosa ironía de la situación: la amnistía, que fue el inicio de una presidencia, podría escribir la primera palabra de su epitafio.

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