Techo de gasto y expectativas inflacionistas

Durante décadas, los economistas han tratado de explicar la relación entre desempleo e inflación a través de la denominada curva de Phillips. Su planteamiento era aparentemente sencillo: cuando el desempleo disminuye, los salarios tienden a crecer con mayor rapidez y, con ellos, también los precios. Por el contrario, cuando el paro aumenta, las presiones inflacionistas se moderan.

Esta idea llevó durante años a pensar que existía una especie de intercambio entre inflación y empleo. Los gobiernos podían aceptar algo más de inflación para reducir el desempleo o, por el contrario, enfriar la economía para contener los precios.

Sin embargo, la realidad terminó desmontando esa aparente disyuntiva. En la década de los setenta, las crisis del petróleo provocaron un fenómeno que parecía imposible: una elevada inflación convivía con un fuerte desempleo y una economía estancada. Había nacido la estanflación.

La explicación llegó de la mano de economistas como Milton Friedman y Edmund Phelps, quienes introdujeron un elemento hasta entonces prácticamente olvidado: las expectativas inflacionistas.

La inflación no depende únicamente de lo que ocurre hoy, sino también de lo que ciudadanos, empresas e inversores creen que ocurrirá mañana. Si los trabajadores esperan que el coste de la vida continúe aumentando, reclamarán mayores salarios. Si las empresas anticipan mayores costes, elevarán sus precios. De esta forma, las expectativas pueden terminar sustentando la propia inflación.

La antigua curva de Phillips ya no bastaba para explicar el fenómeno. Podían coexistir inflación y desempleo porque la economía no dependía solamente de la demanda existente, sino también de los costes de producción y de las expectativas que los agentes económicos habían formado sobre la evolución futura de los precios.

Esta reflexión resulta especialmente interesante ante la intención del Gobierno de España de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto muy superior al de ejercicios anteriores.

Conviene aclarar que elevar el techo de gasto no significa automáticamente que vaya a aumentar la inflación. Todo dependerá de cómo se utilicen esos recursos. Si el gasto se destina a mejorar la productividad mediante inversiones en infraestructuras, innovación, energía, educación o vivienda, puede aumentar la capacidad productiva de la economía y favorecer un crecimiento sostenible.

En cambio, si el incremento del gasto impulsa principalmente el consumo sin ampliar la capacidad de producción, es más probable que una parte importante del estímulo termine trasladándose a los precios. En ese caso, el efecto sobre el empleo podría ser solo temporal, mientras que las presiones inflacionistas tenderían a consolidarse.

Si familias, empresas e inversores consideran que el aumento del gasto será compatible con unas cuentas públicas sostenibles, difícilmente modificarán su comportamiento. Sin embargo, si perciben que el déficit y la deuda seguirán aumentando o que en el futuro serán necesarias fuertes subidas de impuestos, esas expectativas pueden empezar a influir desde hoy mismo en las decisiones de inversión, consumo, negociación salarial o fijación de precios.

La credibilidad de la política económica se convierte entonces en un activo tan importante como la propia política económica. No es casualidad que los bancos centrales dediquen tanto esfuerzo a convencer a ciudadanos y mercados de que mantendrán la inflación bajo control. Saben que unas expectativas bien aseguradas facilitan la estabilidad de precios, mientras que unas expectativas desbordadas obligan después a aplicar medidas mucho más costosas para la economía y el empleo.

La auténtica lección que dejó la curva de Phillips sigue siendo plenamente válida. La política fiscal puede estimular la actividad y favorecer el empleo a corto plazo, pero no puede mantener indefinidamente ese impulso sin atender a sus efectos sobre la inflación y, sobre todo, sobre las expectativas de los agentes económicos.

En definitiva, el debate sobre el nuevo techo de gasto no debería centrarse únicamente en cuánto puede gastar el Estado, sino en cómo se gastará, cómo se financiará y qué confianza generará esa estrategia.

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