Llevamos seis años conviviendo con la “Ley Mordaza” que, como su nombre indica, ha recortado y coartado la libertad de expresión en un país democrático como es el nuestro.

Con esta ley se ha concedido un poder discrecional a los miembros de los cuerpos policiales para determinar qué conductas son sancionables, facilitando conductas de abuso por parte de los mismos sin que haya mecanismos de control sobre ellos. Durante el estado de alarma se ha observado el gran número de denuncias impuestas por incumplimiento de las medidas de confinamiento, muy probablemente excesivo.

En cuanto a su aplicación contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, la “Ley Mordaza” ha amedrentado a estas organizaciones, que han tenido que replantear sus acciones de movilización.

Los profesionales de la información han visto su trabajo seriamente coartado sobre todo cuando trataban de documentar actuaciones abusivas de miembros de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. Incluso la ley ha afectado a artistas de diversos ámbitos porque penaliza ciertos contenidos de índole política o críticas o insultos a figuras públicas e institucionales.

A pesar de que España ha sido condenada en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras públicas e instituciones, el trámite para la reforma de la “Ley Mordaza” sigue bloqueado en el Parlamento.

Por ello, y con motivo del sexto aniversario de esta nefasta ley, las organizaciones que luchamos por los derechos humanos reclamamos que se modifique de una vez por todas para poder retornar a una democracia de calidad que es inseparable de la libertad de expresión y del control de las fuerzas de seguridad del Estado.