Familias receptoras de refugiados ucranianos denuncian sentirse abandonadas por las administraciones y reclaman ayudas económicas para poder costear los gastos extra que están asumiendo. Por otra parte, familias de refugiados ucranianos están planteando irse a otros países como Polonia, (con más de 3,2 millones de refugiados), donde dan más ayudas económicas.
A fecha 28 de abril, somos el cuarto país de la UE que más ayuda económica hemos recibido de esta precisamente para poder asumir el sobrecoste que supone la acogida de refugiados ucranianos, 434 millones de euros, y habíamos recibido unos 135.000 ucranianos. Estos hechos nos imponen la obligación moral de implantar estas ayudas económicas.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha declarado que serán las CCAA las que financiarán estos costes de acogida, y que para acceder al IMV estas familias deberán esperar un año. Las CCAA por su parte no terminan de poner en marcha estas ayudas económicas directas a los refugiados o a las familias que los acogen.
Es urgente desbloquear esta situación lo antes posible y que cada administración haga su parte. El Gobierno debería transferir o adelantar el dinero de Europa a las CCAA, y estas implantar una renta a los refugiados ucranianos de urgencia que les permita aguantar hasta encontrar trabajo o puedan empezar a cobrar el IMV.
Haciendo cuentas, la ayuda para cada refugiado ucraniano podría ser de unos 250 euros mensuales con una duración máxima de un año.
