Cuando el urbanismo también impide el acceso a la vivienda

Me dirijo a ustedes como un ciudadano afectado por el desorbitado encarecimiento de la vivienda y, sobre todo, para poner sobre la mesa una realidad poco visible, pero cada vez más determinante, la rigidez y la dejadez de algunas administraciones locales a la hora de conceder licencias de obra, incluso cuando existen soluciones técnicas y legales para hacerlo.

Mucho se habla —con razón— del precio desorbitado de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y de la dificultad de las familias para emanciparse o acceder a una casa digna. Sin embargo, se habla mucho menos de los obstáculos administrativos que, lejos de aliviar el problema, lo agravan.

En mi caso, soy propietario de una parcela urbana en la población de Mutxamel, concretamente en la calle Pintor Nicolás Borrás (Urb. Casa Fus), la parcela cuenta con acceso rodado asfaltado, con suministro de agua potable y electricidad a pie de parcela, también cuenta con alumbrado público y con servicio de recogida de basuras. Se trata de suelo urbano, así consta en Catastro y en el planeamiento municipal. Aun así, el Ayuntamiento de Mutxamel deniega la licencia de obra para construir una vivienda unifamiliar alegando que la parcela no reúne la condición formal de "solar" al no haberse ejecutado completamente las obras de urbanización previstas en un planeamiento que arrastra más de tres décadas de retraso y de dejadez.

La paradoja es evidente: existen viviendas ya construidas en parcelas colindantes, los servicios básicos están disponibles, y el único elemento pendiente es el alcantarillado, algo que la propia normativa urbanística valenciana permite resolver mediante soluciones técnicas individuales, como fosas sépticas homologadas y aprobadas por la UE que garantizan la salubridad y la protección ambiental, se trata de soluciones técnicas viables que permiten la habitabilidad de la vivienda mientras no se ejecute la red general.

La falta de ejecución del alcantarillado no puede convertirse en una prohibición absoluta de edificar, cuando dicha carencia es imputable a la administración.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Mutxamel opta por la inacción: no ejecuta las obras de urbanización que le corresponden y, al mismo tiempo, bloquea cualquier actuación aislada de los propietarios. El resultado es claro: suelo urbano inutilizado durante años, propietarios obligados a pagar alquileres desorbitados mientras no pueden construir en sus propias parcelas y, por consiguiente, una oferta de vivienda que nunca llega a materializarse.

Esta situación no es solo injusta, sino que ya ha sido objeto de reproche judicial. Existen sentencias firmes del TSJ (2025):

"La urbanización Maigmó (Tibi) es suelo urbano con urbanización consolidada. Aunque presenta deficiencias en su conservación, como la falta de red de alcantarillado municipal, estas no son lo suficientemente graves como para impedir nuevas construcciones, ya que se realizará un sistema individual que garantice un nivel de protección ambiental similar al del alcantarillado con depuradora".

La jurisprudencia es clara, la pasividad municipal no puede convertirse en una prohibición indefinida del derecho a edificar en suelo urbano.

En un contexto de emergencia habitacional, resulta incomprensible que los ayuntamientos no utilicen todas las herramientas legales disponibles para facilitar la construcción de vivienda, aunque sea de forma progresiva o mediante soluciones técnicas transitorias.

Cada licencia denegada sin una causa proporcionada es una vivienda menos en el mercado y una familia más atrapada en alquileres e hipotecas imposibles.

El acceso a la vivienda no depende solo de grandes planes urbanísticos o promociones millonarias, también depende de decisiones administrativas cotidianas, de voluntad política y de entender que el urbanismo debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

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