Lacayos de los ricos

Resulta difícil no sentir indignación tras escuchar al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, calificar como «derecho fundamental» la expulsión de vecinos de sus casas para convertirlas en pisos turísticos. Más aún, hablamos de cerca de 75 personas, algunas con más de medio siglo de vida en esos edificios, tratadas como simples obstáculos para la rentabilidad de un gran propietario, el Duque de Alba. Situaciones como estas son auténticas costuras de la realidad que nos afrenta. Que la ley permite determinados usos no convierte automáticamente esos usos en justos, ni mucho menos en deseables. Equiparar la libertad de un duque para especular con viviendas al derecho fundamental de la ciudadanía a vivir en su barrio es una perversión del lenguaje jurídico y político. Los derechos fundamentales nacen para proteger a los más vulnerables frente al poder, no para blindar los privilegios de una minoría acomodada.

Madrid sufre las consecuencias de un modelo urbano que prioriza el beneficio privado sobre la vida ciudadana, barrios vaciados, alquileres inasumibles y vecinos expulsados en favor del turismo. Escuchar a un responsable público posicionarse del lado del gran propietario no solo es una irresponsabilidad, sino una falta de respeto a quienes hacen ciudad cada día. El Ayuntamiento debería preguntarse para quienes gobierna. Defender la especulación mientras se desaloja a vecinos no es neutralidad institucional, sino tomar partido. Y, como han señalado desde la oposición, es una auténtica vergüenza. Madrid no necesita lacayos de los ricos. Necesita representantes públicos que entiendan que el derecho a la vivienda y a la ciudad está por encima del negocio de unos pocos.

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