Ausencia de ética

La Diputación de Valencia contrata a la pareja del president Pérez Llorca, en un episodio más de polémica política, síntoma preocupante de cómo se desdibuja la frontera entre lo público y lo privado cuando conviene al poder. «Urgente necesidad» para justificar el nombramiento de esa mujer, algo difícil de aceptar sin reservas. ¿Urgente desde cuándo? La plaza llevaba meses vacante, ahora aparece una candidata ligada al president valenciano y se estira la urgencia que despierta más sospechas que confianza.

Dicen que el procedimiento es «habitual» y que la candidata cumple los requisitos. No se discute la legalidad formal del proceso, pero reducir el debate a lo legal es una forma interesada de esquivar lo importante: la ética pública. No todo lo legal es legítimo o ejemplar. El problema no es solo el salario —más de 50.000 euros anuales— ni el hecho de que duplique su anterior retribución. El problema es la imagen de la duda que se proyecta, la de una administración donde las oportunidades se aceleran cuando existen relaciones personales con quienes ostentan el poder. En un contexto donde miles de funcionarios y aspirantes esperan procesos transparentes y competitivos, este tipo de decisiones erosiona la confianza en las instituciones.

Cuando la política se acostumbra a operar en zona gris, no todo es correcto. Es grave que quienes deberían extremar la prudencia —por responsabilidad y por ejemplaridad— actúen como si la ciudadanía fuera irrelevante. Quien gobierna ha de cumplir las normas, y evitar cualquier sombra de privilegio. Este caso exige una reflexión profunda sobre los estándares éticos que queremos para nuestras instituciones. La «urgencia» no puede estar al servicio de intereses particulares, está en riesgo la calidad democrática.

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