No a los privilegios medievales

Me indigna y aburre comprobar que seguimos atrapados en un modelo de relación entre Iglesia católica y el Estado que, además de obsoleto, es muy injusto. Los casos de abusos dentro de la Iglesia no deberían provocarnos conmoción pasajera, sino obligarnos, de una vez por todas, a revisar las estructuras que han permitido durante décadas el encubrimiento, la impunidad y, el sostenimiento económico de una institución que no ha rendido cuentas de manera proporcional a su influencia, en su vida.

No es moralidad, sino coherencia democrática. ¿Cómo puede un Estado aconfesional seguir financiando de forma privilegiada a una confesión concreta? ¿Cómo se justifica que la ciudadanía, crea o no crea, contribuya mediante mecanismos como la casilla del IRPF a sostener una estructura que ha demostrado fallos sistémicos de control y responsabilidad? La tradición no se sostiene, tampoco la utilidad social. Existen organizaciones civiles que realizan labores similares sin disfrutar de semejantes beneficios fiscales ni de un blindaje institucional comparable. Persiste un marco jurídico heredado de un pasado preconstitucional, un concordato que hoy resulta no solo anacrónico, sino incompatible con los estándares de transparencia y equidad que exigimos a cualquier otra institución.

La tibieza política en gobiernos progresistas, evitan afrontar este debate con contundencia. Quizá por cálculo electoral o inercia histórica, pero la separación efectiva entre Iglesia y Estado sigue siendo una promesa incumplida. Mientras la sensación de impunidad no desaparece. España no puede mantener esta excepción medieval. Ha de revisar la relación económica con la Iglesia sin sentir que es un ataque a la libertad religiosa.

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