Sobre el conflicto del alumnado

Me asalta una profunda preocupación al observar, desde la posición de quien también resulta directamente afectado, las movilizaciones docentes desarrolladas esta semana del 11 de mayo en la Comunitat Valenciana. Preocupación por mi futuro académico como estudiante de 2.º de Bachillerato; por el incierto desenlace de la tensión existente entre administración y sindicatos; por el impacto emocional que esta situación está generando en miles de estudiantes; y por la dimensión política y mediática que inevitablemente acompaña ya al conflicto.

La actual situación no ha surgido de manera repentina. La educación pública valenciana arrastra desde hace años problemas estructurales evidentes: infraestructuras envejecidas, trámites excesivos en el ejercicio de la docencia, ratios elevadas, dificultades para cubrir sustituciones y una sensación generalizada de agotamiento dentro del sistema. Resulta razonable comprender que una parte importante del profesorado considere necesarias movilizaciones para reclamar mejoras laborales y educativas. Negar ese malestar sería ignorar una realidad palpable en muchos centros.

Sin embargo, el derecho legítimo a la reivindicación también exige una reflexión sobre sus consecuencias y sobre el modo en que se ejerce. La convocatoria de una huelga indefinida en pleno cierre de expedientes y evaluación final de 2.º de Bachillerato sitúa al alumnado en una posición de enorme vulnerabilidad académica y emocional. La incertidumbre sobre las calificaciones, el acceso a la universidad o la celebración ordinaria de las pruebas de acceso genera un clima de ansiedad difícil de ignorar para quienes dependemos directamente de ello.

Muchos estudiantes sentimos que hemos quedado atrapados entre dos posiciones enfrentadas sin disponer de una verdadera capacidad de representación en el debate público. Mientras sindicatos y Administración negocian —o se acusan mutuamente—, el alumnado aparece con frecuencia reducido a una consecuencia secundaria del conflicto, pese a ser uno de los colectivos más afectados por él.

Esta responsabilidad, además, no puede atribuirse únicamente a una de las partes. La Conselleria de Educación tampoco ha sabido gestionar la situación con la claridad y capacidad de diálogo que el contexto requería. Las negociaciones inconclusas, la sensación de improvisación y una comunicación institucional percibida muchas veces como defensiva han contribuido a aumentar la desconfianza dentro de la comunidad educativa. Presumir de inversiones o de cifras históricas de contratación pierde fuerza cuando gran parte del profesorado continúa denunciando problemas cotidianos que siguen presentes en las aulas.

Del mismo modo, algunas dinámicas surgidas durante las movilizaciones también merecen una reflexión crítica. Parte del discurso sindical ha acabado adquiriendo un tono marcadamente político y confrontativo que dificulta la construcción de consensos amplios dentro de dicha comunidad. En ocasiones, además, determinados mensajes dirigidos al alumnado y a las familias han generado la sensación de que cualquier postura crítica hacia la huelga equivale automáticamente a posicionarse contra la educación pública. Ese planteamiento simplifica un conflicto mucho más complejo.

Muchos estudiantes entendemos las reivindicaciones docentes y reconocemos la importancia de defender una educación pública de calidad. Pero precisamente por eso creemos que cualquier medida de presión debería incorporar garantías claras para el alumnado en etapas especialmente sensibles como 2.º de Bachillerato. Defender la educación pública también implica proteger la estabilidad académica y emocional de quienes dependemos directamente de ella para construir nuestro futuro.

La situación actual evidencia, además, una carencia más profunda: la escasa presencia del alumnado dentro de los grandes debates educativos. Se habla constantemente en nombre de los estudiantes, pero rara vez se cuenta con nosotros como interlocutores reales. Y quizá ese sea uno de los aspectos más preocupantes de todo este conflicto.

La educación no debería convertirse en un escenario permanente de confrontación política, sindical o mediática. Resulta difícil construir confianza institucional cuando cada parte parece más preocupada por imponer su relato que por alcanzar acuerdos duraderos. Mientras tanto, miles de estudiantes afrontamos uno de los momentos más importantes de nuestra etapa académica bajo una sensación constante de incertidumbre.

Ojalá las próximas semanas sirvan no solo para desbloquear una negociación concreta, sino también para recordar que la educación es, ante todo, una responsabilidad compartida. Porque cuando el diálogo desaparece y el enfrentamiento ocupa todo el espacio, quienes todavía estamos formándonos aprendemos una lección preocupante sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre la manera poco edificante en que nuestra sociedad resuelve sus conflictos.

Y quizá ninguna generación debería aprender eso precisamente dentro de las aulas. Tal y como el sociólogo, Auguste Comte, sugirió: "El interés jamás ha forjado uniones duraderas, sólo los buenos sentimientos pueden unirnos".

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