Incluso él, también debe dar explicaciones

Buscando una frase que definiese como suele expresar Miguel Ángel Rodríguez en sus insidias palaciegas y definitorias de odio que conserva respecto al Gobierno progresista de Pedro Sánchez, la figura del presidente y de todos aquellos otros casos judiciales que han surgido como setas en el entorno familiar de Sánchez: "va palante", no creo exagerado pensar que la expresión "carne de cañón" sea inoportuna para definir el fin político de este alto cargo público adjunto a la presidenta madrileña Ayuso. La nueva citación de Alberto González Amador como testigo en la causa que investiga una presunta revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez vuelve a situar en el debate una cuestión fundamental: la responsabilidad de quienes ejercen el poder y de su entorno.

Más allá del caso judicial, resulta preocupante que periodistas que realizaban su trabajo vieran expuesta su identidad en las redes sociales. La libertad de prensa constituye uno de los pilares de cualquier democracia y ningún profesional debería sentirse señalado por cumplir con su labor informativa. Rodríguez mantiene que las fotografías llegaron a él a través de González Amador, y la Justicia ha de esclarecer el origen de esa información. Los tribunales determinan los hechos, depuran responsabilidades y garantizan que nadie esté por encima de la ley. En este caso, Amador y Rodríguez son afines ideológicos de Ayuso y, cuidado: "con la iglesia hemos topado". Se ha de hacer justicia, incluso con quienes ocupan cargos públicos. La libertad de informar ha de ser protegida, no cuestionada. Veremos cómo tratan los tribunales a Rodríguez que tanto se jacta de conocer el devenir judicial de otros.

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