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Comunidad Valenciana: Del tabú a la norma

22/07/2026 El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente de Vox Valencia, José María Llanos (c), durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Les Corts votan hoy las cuentas de la Comunidad Valenciana para 2026 que saldrán adelante con los votos de PP y Vox. Las cuentas tendrán un presupuesto de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, y su punto más polémico ha sido el de la "prioridad nacional" impuesto por Vox. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

22/07/2026 El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente de Vox Valencia, José María Llanos (c), durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Les Corts votan hoy las cuentas de la Comunidad Valenciana para 2026 que saldrán adelante con los votos de PP y Vox. Las cuentas tendrán un presupuesto de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, y su punto más polémico ha sido el de la "prioridad nacional" impuesto por Vox. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

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Miguel Fernández-Palacios Gordon

La Ventana de Overton explica cómo una idea que antes era inaceptable para la sociedad puede acabar considerándose normal si se introduce de forma gradual en el debate público. Primero es impensable por el rechazo que provoca, después pasa a ser radical, luego, a ser debatida, aceptada, considerada sensata y, finalmente, incorporada a las instituciones.

Ese mecanismo ayuda a entender cómo la llamada «prioridad nacional», defendida durante años por la derecha extrema, ha terminado reflejada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana de PP y Vox. Lo que antes era impensable y un discurso fascista hoy es política oficial que supedita las ayudas de vivienda y servicios sociales al origen y arraigo.

La historia ofrece trágicos ejemplos similares: discursos antes marginales que acabaron legitimando discriminaciones por origen, religión o etnia. Cuando una democracia maquilla la exclusión y la convierte en ley presupuestaria, el peligro ya no es una mera provocación retórica. Es una degradación institucional irreversible. El racismo de Estado comienza cuando la discriminación se financia con dinero público para señalar al diferente.

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