La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad está preparando una querella contra el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por tres delitos fiscales después de que la Agencia Tributaria haya detectado en la economía del exregidor ingresos en cuotas no declaradas a Hacienda por más de 650.000 euros distribuidos en tres ejercicios fiscales: 2007, 2008 y 2010.
Ha sido el delegado especial de la Agencia Tributaria quien, desde Valencia, ha remitido al Ministerio Público toda la documentación acerca de las pesquisas realizadas sobre los ingresos y el patrimonio de Díaz Alperi al concluir que el también diputado autonómico podría haber cometido tres delitos fiscales, lo que excede la competencia sancionadora de la agencia estatal, que se agota en las infracciones. En concreto, el exprimer edil habría dejado de declarar a Hacienda en cuotas unos 400.000 euros en 2007, cerca de 140.000 en 2008 y alrededor de 130.000 en el ejercicio de 2010, cantidades todas ellas que superan los 120.000 euros por ejercicio que determinan la existencia de delito.
Con el resultado de la investigación tributaria en las manos, es ahora la Fiscalía del TSJ la que está redactando la querella que en los próximos días va a presentar ante la sala de lo Civil y Penal del TSJ, a quien compete este asunto dada la condición de aforado de Alperi.
El político del PP dejó la Alcaldía en manos de la actual regidora, Sonia Castedo, en septiembre de 2008. En la actualidad continúa ocupando el escaño que obtuvo en las Cortes en los comicios de 2007.
Embarcaciones y deudas
Los primeros 400.000 euros en cuotas no declaradas a Hacienda que han sido detectados por la Agencia Tributaria estarían relacionados con una deuda cuyos pormenores no han trascendido mientras que el presunto fraude correspondiente al ejercicio fiscal de 2008 tendría que ver con la adquisición por parte del exregidor de un barco.
La investigación policial sobre los presuntos amaños del PGOU de Alicante, en estos momentos en fase de instrucción en el TSJ y en la que el diputado autonómico está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, sacó a la luz una empresa propiedad de Alperi, Andarx Business S.L., que en 2008 sólo registró movimientos atribuibles a la compra de las embarcaciones Aux Akra y Akra Uno, según el depósito de las cuentas anuales de la entidad.
En la contabilidad de ese ejercicio, que es cuando la Policía sitúa la compra de los dos barcos (el segundo de ellos valorado en 610.633 euros), se especifica un ingreso por cuenta de los socios de 459.515 euros. Ese mismo año Alperi adquiere el 50% de las acciones de la empresa. Dos años después, según el sumario de esta pieza desgajada del caso Brugal, el exalcalde de Alicante se hizo con la práctica totalidad de la empresa propietaria de los barcos tras adquirir a Antonio Solana (amigo del exregidor y administrador único de la mercantil desde noviembre de 2005) el 49% de las acciones de Andarx por 1.502 euros, con lo que Alperi pasó a ser el propietario de la sociedad dueña de las dos embarcaciones, una de ellas valorada en más de medio millón de euros.
El primero de los supuestos delitos fiscales que, según los datos que baraja la Agencia Tributaria, se le podrían atribuir al diputado autonómico, el correspondiente a los 400.000 euros en cuotas no declaradas a Hacienda en 2007, habría prescrito dentro de unos meses de no haberse tramitado el asunto.
El TSJ pide los datos contables de la empresa que pagó el viaje a Creta
El magistrado que instruye la causa por los presuntos amaños del PGOU, Juan Climent, ha dado luz verde a la petición planteada por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones de requerir a la Agencia Tributaria todos los datos contables de la empresa que pagó el viaje del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la concejala Sonia Alegría a Creta en el verano de 2008. Se trata de la mercantil Rocafort, propiedad del empresario valenciano Ricardo Fuster, también imputado en esta causa por un delito de cohecho y quien se negó a declarar ante el juez, donde compareció imputado por un delito de cohecho. La petición de esta nueva diligencia se produce después de que el empresario que se encargó de alquilar el jet privado en el que el exregidor viajó a la isla griega declarara la semana pasada ante Climent que fue Fuster, a través de su empresa, con la que tenían unas fluidas relaciones comerciales, quien abonó 36.000 euros del vuelo del exregidor, que también ha optado por guardar silencio ante su señoría.
