La investigación policial sobre la tramitación del Plan Rabasa recoge intentos por parte de Enrique Ortiz de apartar a un técnico municipal a través de la jefa jurídica de Urbanismo por ralentizar la llegada del texto refundido del macroplan urbanístico al pleno municipal de Alicante en septiembre de 2008, época en la que se estaban agilizando los trámites del proyecto así como las conversaciones con responsables de IKEA para la llegada de la multinacional a los terrenos de Rabasa, según ha podido saber este diario.
Los investigadores aportaron en el sumario de la investigación del Plan General de Alicante -que el juez Manrique Tejada remitió al TSJ de la Comunidad Valenciana al ver indicios de delito en los diputados autonómicos Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, pero de la que separó todo lo relativo al Plan Rabasa- una conversación en la que Enrique Ortiz pidió a la jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, sustituir a un técnico llamado Miguel Ángel por estar ralentizando la llegada del texto refundido de Rabasa al pleno municipal, una demora que jugaba en contra de los intereses de Ortiz según la denuncia de EUPV que incluye los hechos que ahora el juez Juan Carlos Cerón tendrá que investigar tras obligarle la Audiencia a hacerlo. La conversación que aportó la Policía transcribe una petición de Ortiz a Isabel Campos (a la que el constructor llegó a decirle, como ya publicó este diario, "anda, trabaja un poco para mí"), para sustituir a un técnico que quería más tiempo para revisar en su totalidad el texto refundido antes de ratificar el informe para elevarlo al pleno municipal.
Campos le transmite que el técnico "tiene que estudiar el planeamiento y se tiene que mirar expedientes desde el principio, que para el pleno del día 26 ni de coña". Ante esto, Ortiz le pidió que esa revisión no la hiciera él. "Pues que no lo haga él, que lo haga otro. Tú lo has valorado que lo haga un abogado, porque lo puede hacer un abogado", añade Ortiz, a lo que Campos responde que no puede ser porque "un abogado lo puede hacer, el informe que toque, pero meterse en tema de arquitecto no porque es lo que le faltaba a Rabasa". Campos le dice que ante estos problemas hablará con Sonia Castedo. "Aprieta tú a ver de qué manera se puede solucionar", dijo Ortiz. "Apretaremos a ver cómo lo podemos hacer", le contesta la jefa jurídica de Urbanismo al empresario.
La denuncia que presentó EUPV para pedir la reapertura de la investigación del plan Rabasa concreta que el técnico municipal es Miguel Ángel Cano, quien fuera entonces jefe del servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Según EUPV, la ralentización que iba a sufrir la aprobación del texto refundido del Plan Rabasa, transmitida a Ortiz a través de Isabel Campos, "frustró" al constructor, que llega a pedir, según la formación de izquierdas, "que aparten al citado técnico discrepante". Según EUPV, Campos se ofreció a buscar alternativas y contactar con Valencia para que allí hicieran el informe "puenteando a los técnicos municipales". EUPV pidió en su denuncia de octubre de 2012 la reapertura del caso Rabasa y que se impute a Isabel Campos por su presunta influencia en la tramitación del plan -por lo que pudo haber recibido un bolso de Purificación García, según EUPV- y que se cite a declarar como testigo a Miguel Ángel Cano, que ya testificó en la investigación del PGOU.
La documentación sobre las presuntas irregularidades en la tramitación de Rabasa las tendrá que solicitar Cerón al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que es el que instruyó el PGOU y cuyo juez, Manrique Tejada, dejó fuera lo que hacía referencia a Rabasa. Cerón, titular de Instrucción 6 , investigará el macroplan tras admitir la Audiencia de Alicante el recurso de la Fiscalía al entender que hay indicios de delito en las gestiones del proyecto urbanístico y la implantación de IKEA en terrenos de Enrique Ortiz.EUPV solicitó ayer personarse como acusación popular sin la necesidad de presentar querella y bajo la extensión de su denuncia, para lo que se remitió a jurisprudencia del Supremo. Pero esta personación -que supondría el ahorro de la fianza- deberá ser admitida por el juez, algo difícil según fuentes judiciales.
La formación de izquierdas pide imputar a la alcaldesa Sonia Castedo, a su antecesor Díaz Alperi, al constructor Enrique Ortiz, y a exresponsables de Urbanismo como la citada Isabel Campos, el exgerente Enrique Sanus, y otros exaltos cargos autonómicos y estatales, estos últimos de Fomento durante el gobierno del PSOE. El juez remitirá al TSJ la causa -como ocurrió con la investigación del PGOU- si observara indicios de delito en Castedo o Alperi, ambos, de aforados.
