El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, defendió ayer el aplazamiento de la reforma del Estatuto para blindar las inversiones del Estado en la a Comunidad para ahorrar los 8 millones de euros que, según precisó, costaría convocar el referéndum preceptivo. Fabra rompió su silencio 24 horas después de que el Congreso de los Diputados accediera a la petición del PPCV de posponer el debate sobre la reforma estatutaria. La decisión, adoptada in extremis después de que Fabra intentara sin éxito que el Gobierno levantara el veto a la propuesta, ha puesto en evidencia el discurso reivindicativo del PP y generado un chaparrón de críticas al jefe del Consell por su debilidad ante Madrid. En declaraciones a los periodistas, el jefe del Consell incidió en las razones ofrecidas por el grupo parlamentario popular para solicitar que se aplazara el debate. Básicamente, el PP alega que existe en marcha otra propuestas de reforma estatutaria para reducir en 20 el número de diputados y que por una cuestión de ahorro y de lógica es mejor que ambos proyectos se tramiten conjuntamente. La reforma para blindar las inversiones se aprobó hace dos años y está ya en el Congreso; mientras que la relativa a reducir los escaños valencianos no cuenta, al menos de momento, con el consenso suficiente.
Fabra recordó ayer que en la última modificación del Estatuto se estableció que cada «corrección» que se hiciera del mismo, «por mínima» que fuera, precisaría de un referéndum. E informó que el Consell ha hecho ya una valoración económica de lo que supondría organizar ese referéndum: en ocho millones de euros. «Lógicamente, eso en estos momentos no nos lo podemos permitir», apostilló el jefe del Consell. Fabra apuntó que está pendiente la otra reforma, por lo que «no tiene sentido que haya en tramitación dos modificaciones». «Pedimos juntar las dos» porque lo otro supondría un «gasto innecesario» en esos momentos, según Fabra, para quien la Generalitat solo busca «la eficiencia; no hay nada más». Según los cálculos del Consell, el referendum para garantizar, al menos sobre el papel, que durante siete años las inversiones del Estado serían proporcionales al peso de la población costaría cuatro veces más que el ahorro previsto con la reducción de escaños. Ahora bien, en teoría la cláusula inversora permitiría que llegaran a la Comunidad 500 millones anuales.
