Veinticuatro horas después de reunirse en Madrid con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, compareció ayer en el debate de política general de las Cortes sin un compromiso concreto para la revisión del modelo de financiación autonómica. Una carencia que el jefe del Consell palió con el anuncio de seis nuevas bonificaciones fiscales y el compromiso de que bajará los impuestos a los valencianos antes de finalizar la legislatura. Fabra se sumó así a la carrera de otros barones del PP por recuperar apoyo social ante el desgaste electoral, en especial, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que la semana pasada avanzó la reducción del tramo autonómico del IRPF, ante el disgusto de Montoro. El anuncio de nuevos regalos fiscales se produce dos meses después de que el Consell recuperara parcialmente, por exigencias de Madrid, el impuesto de Sucesiones, y elevara los de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, un tributo éste último cuya rebaja anunció ayer. A falta de concretar el impacto real de estas medidas fiscales, habrá que ver el encaje en una comunidad rescatada por el ministerio. Fue el compromiso estrella, junto al de liberalización de los horarios comerciales en toda la C. Valenciana, en un debate en el que la oposición censuró la «sumisión» del presidente a Madrid y cuestionó que sea capaz de liderar a la C. Valenciana para salir de la crisis. «No pierda el tiempo con Montoro. Plántese ante Rajoy; el Gobierno nos está chuleando», asestó el socialista Antonio Torres.

En un discurso de hora y media en el que alternó castellano y valenciano, y con destacadas ausencias en sus filas -la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no asistió, y el presidente del PP y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, llegó cuando ya llevaba 52 minutos-, Fabra se esforzó por defender que la C. Valenciana «está mejor que hace un año». Tras las medidas adoptadas por su Ejecutivo, hoy «la economía valenciana está más saneada, es más estable y tiene más posibilidades de volver a crecer», aseguró. Y apeló a datos como la creación de empresas (de enero a junio hay 6.829 nuevas firmas) y el aumento de turistas, para reiterar que el año acabará con menos parados que en 2012. «Objetivamente las cosas están cambiando», indicó, para añadir que los datos corroboran que 2013 ha sido el «punto de inflexión» y ha comenzado el «cambio de ciclo» para salir de la crisis.

No obstante, consideró que «no es suficiente». «No me sentiré satisfecho», dijo, hasta no acabar con el problema del paro y los impagos del Consell, sus «máximas» prioridades. Además, anunció una «nueva etapa» en la que primen los incentivos y las ayudas para la recuperación económica. «No voy a exigir más sacrificios a los valencianos», proclamó, y sí mayor «eficiencia» a su Administración. Sin embargo, avanzó que los Presupuestos de la Generalitat para 2014 serán «más reducidos», aunque Sanidad y Educación absorberán 10.200 millones y los fondos para servicios sociales subirán. En otro momento, garantizó que en diciembre los 140.000 funcionarios de la Generalitat percibirán la paga extra, una promesa acogida con el aplauso más efusivo del PP junto con su garantía -en una bancada donde se sientan 9 imputados- de que no permitirá «el linchamiento de personas honradas», en referencia a otros cargos salpicados por casos judiciales. Lo que no aclaró es si mantendrá los recortes a los funcionarios que impuso el «decreto Vela». Más fría, en cambio, fue la ovación del PP tras anunciar que eliminará la indemnización por cese de los altos cargos. Los aplausos populares, en una bancada con muchos críticos a Fabra, resultaron en general desangelados.

Horarios en manos de los alcaldes

En el marco de las medidas de estímulo, desgranó las rebajas fiscales para 2014 en una comunidad que debe recortar para ese año 2.500 millones respecto a 2012. Entre las acciones, que no cuantificó, se incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda o la bonificación del 100 % del impuesto de AJD para las empresas y particulares que refinancien deudas o hipotecas. Asimismo, anunció una liberalización de horarios comerciales que dejó en manos de los alcaldes, de forma que cada municipio «determinará su política comercial de acuerdo con sus necesidades». La liberalización, que enfadó a los comerciantes, con los que no se ha consensuado, la acometerá a través de la figura del «Área de Gran Afluencia Turística».

La financiación se presentaba como la estrella del debate pero, con el zurrón vacío tras su encuentro con Montoro, sólo dedicó dos minutos a este asunto. Lo hizo para reiterar que no permitirá «que se trata de forma desigual» a la C. Valenciana. «No he mirado ni miraré las siglas de quien gobierna» en Madrid a la hora de exigir una financiación «justa», dijo, para añadir: «No piensa rendirme en esa reivindicación». Sin embargo, ni siquiera ofreció a la oposición un pacto para reclamar más recursos, ni se definió sobre los plazos para la revisión o entrada en vigor en 2014 de un nuevo modelo, cuando el Gobierno la traslada a 2015. En cambio, echó un capote al Ejecutivo de Rajoy, «el primero en reconocer que la C. Valenciana está infrafinanciada».

La oposición lo acusó de no plantarse y le recriminó el incumplimiento del mandato de las Cortes al aplazar hace semanas en el Congreso la reforma del Estatut para blindar las inversiones del Estado. El socialista Torres dio por rota la negociación ofrecida por el jefe del Consell para reducir el número de diputados de 99 a 79 mientras no se apruebe la modificación para equiparar a la Comunidad con Andalucía en las inversiones estatales, y defendió que el PSPV, a diferencia de Fabra con Rajoy, ha buscado y conseguido el apoyo del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue el único momento en que Fabra elevó el tono para reprochar que, con Rubalcaba en el Gobierno, se discriminó a la C. Valenciana al recibir «9.000 millones menos» de lo que le correspondía mientras los socialistas «aplaudían con las orejas».

Barberá, protagonista

En el debate irrumpió la agenda judicial, aunque para respiro de la bancada popular. La noticia de que el TSJ no actuará contra el expresidente Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, convirtió a ésta en protagonista inesperada. En su intervención, el titular de la Generalitat, que no hizo mención a esta exculpación, ofreció a la oposición diálogo sobre una nueva ley de la Transparencia y Buen Gobierno. También prometió un Portal de la Transparencia donde se dé información de los sueldos de los cargos, los contratos y subvenciones. También propuso la creación de una comisión de estudio sobre la reforma de la ley electoral para abordar la reducción de parlamentarios.

Alberto Fabra avanzó asimismo que en el último trimestre recuperará el plan de choque para reducir las listas de espera en las patología con más demora al tiempo que mantendrá el «autoconcierto». En la treintena de medidas que apuntó, unas sin cuantificar y otras de legislatura, se incluía un plan de promoción comercial y de venta de viviendas en Rusia y una consulta a los ciudadanos sobre las diez leyes que más trabas imponen a la actividad. No olvidó la agenda tradicional del PP: Aseguró que irá de la mano de los regantes y que el Plan de Cuenca del Ebro permitirá que el PHN incluya el trasvase, al tiempo que instó a la oposición a aclarar si está por «atarse a otros países imaginarios», en referencia a los Països Catalans.

AVE a Castellón en 2015 y 500 millones para el Corredor Mediterráneo

El jefe del Consell se trajo de la reunión con Rajoy un anuncio: Los Presupuestos del Estado incluirán 500 millones para el Corredor Mediterráneo para el periodo 2014-2016, y garantizó que el AVE llegará a Castellón en 2015. De esa inversión, las cuentas estatales de 2014 contemplarán 337 millones para el AVE a Castellón y otros 167 millones de euros más para que el Corredor Mediterráneo llegue a Alicante en 2016. El presidente, además, anunció que las cuentas autonómicas para el próximo año incorporarán un Plan de Infraestructuras Sociales a tres años, dotado con 500 millones, para concluir la necesidades sanitarias, educativas, judiciales y de abastecimiento de agua.