Sánchez Zaplana intenta aplacar el malestar por el copago a los discapacitados

­La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, intentó rebajar ayer el malestar que existe entre los alcaldes de la provincia por el copago a los discapacitados. En un encuentro con cargos públicos del PP en la sede provincial del partido en Alicante, Sánchez Zaplana desgranó el decreto 113/2013, que recoge que los usuarios de centros y residencias de discapacitados deberán sufragar una parte del servicio. Ese decreto, publicado el 6 de agosto del pasado año -en plena época estival-, preocupa a los primeros ediles del PP. Y mucho. Varios asistentes a la reunión de ayer admitieron a este diario que la decisión de cobrar a los discapacitados no les agrada ni un ápice. Así se lo hicieron constar a la consellera. La duración de la reunión ya demuestra la importancia del asunto que se trataba. Se prolongó durante casi dos horas.

En primer lugar, Sánchez Zaplana intentó calmar los ánimos con su discurso. Explicó que de los 7.100 usuarios de centros que han recibido resolución de la Conselleria, el 30 % queda exento de realizar aportación; y afirmó que a esa cifra se suman además los 1.800 menores usuarios de Centros de Atención Temprana, que tampoco aportarán dinero al no tener capacidad económica individual. Durante su intervención, la consellera también tuvo tiempo para culpar del copago al anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Los usuarios de los centros de atención a personas con discapacidad, sean o no dependientes, participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica individual, tal y como establece la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno socialista, en su artículo 33», subrayó. Lo cierto, sin embargo, es que el decreto autonómico viene de la época de su antecesor Jorge Cabré.

Tras su intervención llegaron las preguntas. Los alcaldes y concejales que se desplazaron ayer hasta la capital le plantearon algunas dudas y le formularon cuestiones muy concretas de casos personales. La consellera se comprometió a estudiarlos todos y afirmó que en unos días les dará una respuesta. Consciente del malestar que ha generado el decreto, Sánchez Zaplana también abrió la vía para suavizarlo y reducir, en la medida de lo posible, las cantidades a aportar. Eso sí, lo hizo de manera indirecta. Según explicaron varios asistentes, la titular de Bienestar Social afirmó que su partido «siempre» está abierto al diálogo y ensalzó que sigue «negociando» con el objetivo de perjudicar al menor número de ciudadanos.

En su discurso, no obstante, quiso dejar claro que solo tendrán que pagar aquellos discapacitados con rentas altas: «De 8.800 personas con discapacidad usuarias de plazas en centros financiados por la Generalitat, alrededor de 4.000 quedan exentas de hacer aportaciones económicas». Además se comprometió a que nadie se quede sin cobertura si no dispone de recursos. El decreto, sin embargo, apunta en otra dirección. «En el caso de existencia de deudas por el impago de precios públicos, podrá finalizarse la prestación del servicio», reza.

Valencia se rebela y Alicante apoya que se pague parte del servicio

El malestar de los cargos públicos del PP con el copago a los discapacitados ya se ha hecho evidente en varios municipios de la Comunidad. En Valencia, por ejemplo, el pleno aprobó la semana pasada por unanimidad una moción en la que se acordó no aplicar el copago en los centros ocupacionales municipales de atención a la discapacidad y pedir a la Generalitat que revise el decreto 113/2013. En otras localidades valencianas, como Cullera, Carcaixent y Xirivella, se dio incluso un paso más y se acordó exigir al Consell la retirada del decreto. En Alicante, por el contrario, el PP se ha postulado a favor. En la sesión plenaria del pasado viernes, los concejales populares se opusieron a una moción avalada por toda la oposición contra el copago. Donde sí se aprobó una iniciativa fue en Benidorm, con el PSOE y el CDL en el gobierno. El pleno acordó por mayoría «la derogación inmediata» del decreto. El grupo popular no votó en contra. Se abstuvo. A. F.

Suscríbete para seguir leyendo