El Ministerio de Hacienda puso ayer nombre y apellidos a los recortes que adoptó la Generalitat durante el pasado año para tratar de conseguir el objetivo de déficit... y que finalmente resultaron del todo insuficientes. El departamento que dirige Cristóbal Montoro colgó ayer en su página web un informe detallado con la ejecución presupuestaria del Consell al cierre del ejercicio y justificó por qué la Comunidad despidió 2013 con un desfase presupuestario del 2,33 % de su Producto Interior Bruto (PIB), el segundo más alto de toda España solo por detrás de la Región de Murcia.
Varios datos evidencian las dificultades financieras por las que atravesó la Administración autonómica el pasado año. Uno de los más llamativos es el de las inversiones reales, antaño uno de los capítulos con peso específico en el presupuesto de gastos. Cuando Alberto Fabra y sus consellers confeccionaron las cuentas, reservaron 332,9 millones para el Capítulo 6. Pero a lo largo del año se formalizaron modificaciones de crédito al alza por valor de otros 263,2 millones. En total estaba previsto que se destinaran 596,1 millones. Pero no. De acuerdo con las estadísticas de Hacienda, la Generalitat sólo reconoció obligaciones por 358,5 millones. Pero es que, además, de esa cantidad apenas consiguió abonar una pequeña parte.
En concreto, 116 millones. Esa cifra evidencia dos aspectos. Por un lado, que el Consell sacrificó las inversiones para intentar cuadrar sus cuentas (se produjo una reducción interanual del 30,04 %) y, por otro, que sus tensiones de tesorería son evidentes. La reducción porcentual es todavía mayor si se tienen en cuenta las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias. Es decir, las que van al margen del presupuesto, como el plan de pago a proveedores. En ese caso, Hacienda eleva el desplome hasta el 47,76 %. Es la más pronunciada de toda España, donde la caída media fue del 9,31 %.
Otro de los apartados que ha contribuido a que el déficit alcanzara el 2,33 % es el delicado estado por el que aún atraviesa el sector del ladrillo. La Generalitat previó que ingresaría 900,9 millones gracias al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero no llegó a esa cifra. Finalmente consiguió recaudar 737,2 millones por este tributo que grava la compraventa de viviendas y que, por cierto, el Ejecutivo aumentó el pasado verano.
El informe de Hacienda evidencia el esfuerzo que realizó la Comunidad para reducir sus números rojos. Fue de tal calibre que consiguió rebajar un 10,24 % su gasto total no financiero al cierre del año respecto al ejercicio anterior. También bajó, en un 18,96 %, el dinero destinado a gasto corriente.
En términos generales, disminuyeron todos los capítulos excepto tres. El primero, el de Personal. A él se destinaron 4.749 millones, un 2,2 % más que en 2012. El segundo apartado fue el de pasivos financieros (los préstamos concertados), que contó con una asignación de 149,1 millones, un 0,43 % más. Y el tercero fue el de los gastos financieros. O, lo que es lo mismo, los intereses que la Generalitat paga a los bancos por sus créditos. Este fue el capítulo que más creció -un 23,53 %- y quedó finalmente fijado en más de 1.182 millones. El Consell, por tanto, abonó todos los días a las entidades financieras una media de 3,2 millones de euros en concepto de intereses. Las amortizaciones fueron al margen.
