La respuesta ha sido clara y contundente. Al menos por el momento, el magistrado que instruye las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa no citará a la declarar a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ni a su antecesor, Luis Díaz Alperi, ni al promotor Enrique Ortiz al considerar que, de momento, «no procede por no existir en la causa indicios suficientes para citar a declarar como imputados a las personas denunciadas por EU».

El juez Cerón responde así, según la documentación obtenida por este diario, al escrito solicitado a principios de verano por la formación de izquierdas, que reclamó una ronda de declaraciones una vez que el juzgado de Orihuela que inició las investigaciones remitió al de Alicante las escuchas del Plan Rabasa. No obstante, el instructor añade que, respecto a las citaciones, «cabe estar a la espera del informe completo del Grupo de Delincuencia Económica», donde se recogen presuntos hechos delictivos de los cargos públicos denunciados.

Tras permitir el juez la entrega de la documentación-aunque luego ordenó la devolución de las escuchas-, EU pidió el 8 de julio la citación de la alcaldesa, de Díaz Alperi y de Ortiz junto a los cargos y funcionarios públicos denunciados considerar que ya había material para proceder a un interrogatorio. La formación instó al juez a tomar declaración en calidad de imputadas a las personas contra las que EU dirigió la denuncia en 2012 con la que consiguió reactivar esta pieza de Brugal por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En esa petición, EU también informaba al juez de que había escuchado conversaciones difundidas remitidas al juzgado y puestas a disposición de otras partes que EU, personada también, no había obtenido. El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, indicó en un comunicado que espera que las citaciones de los denunciados y testigos se terminen realizando y mostró su confianza en que así sea en breve.