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Otra después de la de los presuntos amaños del PGOU

A Castedo se le vincula a dos investigaciones urbanísticas en Alicante por presunto trato de favor

La imputación de Sonia Castedo por la investigación del Plan Rabasa es la segunda que un juez lleva a cabo contra la alcaldesa de Alicante por asuntos urbanísticos. La primera edil está siendo investigada por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una causa que fue iniciada por el juez de Alicante Manrique Tejada y que ha vuelto a asumir este magistrado tras dimitir la regidora como diputada autonómica y perder el aforamiento.

Fue precisamente su condición de aforada la que forzó a que fuese un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) quien la citara a declarar en calidad de imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en el Plan General de Alicante por supuesto trato de favor a Ortiz a cambio de prebendas, los mismo heechos que se le imputan a su antecesor en la Alcaldía. Fue delante del juez Juan Climent en octubre de 2012, así como del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, antes quienes compareció por primera vez como imputada en una declaración maratoniana que se prolongó durante tres días (una jornada, mañana y tarde, durante ocho horas y otras dos mañanas) y en las que admitió su amistad con el constructor. Tras dimitir como diputada autonómica, al igual que lo hizo Díaz Alperi, el procedimiento por el PGOU volvió a manos del juez de Alicante que instruyó en un principio el caso hasta derivarlo a Valencia al considerar en una amplia exposición razonada que existían indicios de delito para imputar a ambos aforados. La citación del juez Cerón, ahora, es la segunda que se oficializa contra Castedo por supuesto trato de favor a Ortiz, también imputado en este caso.

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