El informe policial sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa apunta a que el empresario Enrique Ortiz se valía de altos cargos del gobierno autonómico para tratar de agilizar la tramitación del plan en la conselleria. Una de las personas apuntadas por los investigadores es la entonces secretaria autonómica de Urbanismo y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña. A ella acudía el personal de Ortiz cuando necesitaban algo de la tramitación del plan. Ureña no está imputada en la causa y el juez que investiga los hechos ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la posible imputación de ésta.
Según el informe policial, una vez que el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el texto refundido del Plan Rabasa faltaba el visto bueno de la Generalitat. Sin embargo, la técnico a la que le había correspondido informar alertó de que faltaba un plano del Ministerio de Fomento, llamado curva isófona. La Policía relata que Ortiz tenía prisa porque el pan se aprobara cuanto antes ante el temor de que el Tribunal Superior de Justicia lo paralizara. Las conversaciones reflejan llamadas a Ureña para tratar de desbloquear la situación, ya que entienden que el papel solicitado se encuentra dentro del estudio acústico y no hay necesidad de tener que enviar de nuevo todo el expediente al Ayuntamiento. Al final, la solución consistió en que el documento solicitado no sería necesario hasta el momento del proyecto de urbanización.
Una vez solventados esos problemas, el informe de la técnico parte hacia Valencia para su firma por el director general, José María Selva. Ortiz se pone en contacto con Ureña para tratar de que Selva firme cuanto antes el plan Rabasa, según recogen las escuchas.
