Durante el próximo mandato municipal no se repetirá la imagen de alcaldes o concejales del PP que manejan dinero público y que, al mismo tiempo, están imputados en procedimientos por corrupción. Esa es la resolución de los populares alicantinos que, en una medida que prentenden trasladar a la elaboración de candidaturas en toda la Comunidad, obligarán a sus aspirantes a ocupar un cargo público a firmar una declaración jurada por escrito en la que se comprometen a marcharse en el caso de que un juez los acabe encausando en un procedimiento por corrupción. Justo el día en el que el TSJ enviaba al banquillo a la antigua cúpula de los populares con Francisco Camps por supuesta financiación ilegal en las campañas electorales de 2007 y 2008, José Císcar lanzó desde la sede popular un paquete de medidas contra la corrupción -acompañadas de un vídeo que se distribuirá por redes sociales- con las que intenta darle un lavado de cara a sus deterioradas siglas y tratar a marchas forzadas de ganar credibilidad en unas elecciones, las municipales y autonómicas de dentro de seis meses, en las que los populares se juegan, por vez primera en 20 años, el control de la Generalitat y también de decenas de municipios.
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Con los escándalos que azotan al Ayuntamiento de Alicante que preside Sonia Castedo y los casos de corrupción que afectan directamente a la gestión del Consell en la etapa de Francisco Camps, los populares por todos los medios tienen que intentar recuperar algo de credibilidad para sacar a parte de su electorado de la abstención. La «línea roja» contra los imputados por corrupción que marcó Alberto Fabra supone la destitución de los cargos de elección directa, la expulsión de los puestos directivos del PP y el relevo de los parlamentarios procesados. Pero, sin embargo, deja en el aire las medidas contra los cargos municipales. Fabra, de hecho, no ha podido actuar ni contra Milagrosa Martínez, pendiente de sentarse en el banquillo por Gürtel; ni tampoco con Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y con una doble imputación a cuestas por supuesta corrupción urbanística.
Císcar quiere tapar ese flanco que ha desgastado al PP y propone que, de antemano, los aspirantes a cargo público garanticen que renunciarán si acaban imputados. Al tiempo que se firma el acepto a la lista, los candidatos también se comprometerán a marcharse cuando el juez los encause, si procede, por corrupción. El vicepresidente de la Generalitat quiere que la cúpula regional del PP también adopte esa resolución. De esa manera, todos los candidatos, los que nombra una u otra ejecutiva, estarían sujetos a un régimen que, en el caso de incumplirse abriría la puerta, aunque ese punto no está desarrollado todavía, a sanciones disciplinarias. Con esa solución, los imputados atrincherados en los municipios caerían por una vía o por otra.
«Las manzanas podridas no pueden contaminar a las sanas», subrayó Císcar que, en todo caso, defendió la limpieza y honradez de la inmensa mayoría de cargos públicos. Dentro de su decálogo ético y a favor de la transparencia, los populares, como ya se anunció en su día, apartarán a los imputados de las listas, prohibirán el uso de «tarjetas black» con cargo al erario público, excluirán a los políticos de las mesas de contratación para intentar garantizar la limpieza de los concursos públicos o limitarán la presencia de familiares directos en las listas electorales, como el caso de Manuel Aracil, alcalde de Sant Joan d'Alacant, que seguía el acto desde al primera fila y que tiene a su hijo como concejal.
A la convocatoria acudieron, casi en exclusiva, cargos populares. Entre el auditorio, por ejemplo, estaban hasta media docena de concejales del Ayuntamiento de Alicante: la flamante y nueva vicesecretaria provincial de Transparencia y Buen Gobierno, Belén González, junto a otros ediles como Antonio Ardid, Mariano Postigo, Oti Garía-Pertusa o Mari Carmen de España. Luego se unió también a la cita Luis Barcala, presidente de la junta de distrito con más militantes de la ciudad de Alicante. También estuvo la hija de Luis Díaz Alperi, diputada autonómica del PP. «Cuando se demuestre que alguien mete la mano en la caja, que se la corten. Pero no debemos permitir que nos metan a todos en el mismo saco, que digan que todos somos lo mismo. Bárcenas es una manzana podrida. Pero el PP no es Bárcenas», apuntó Císcar antes de dar paso al visionado del vídeo.