La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, instó ayer a esperar a la sentencia del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PPCV y ver si condena a las empresas cuyos responsables reconocieron los pagos en «B», en cuyo caso «tendrán que estar miradas con lupa», pero lo que no se puede hacer si no se establece una limitación legal es limitar desde la administración «algo que no ha limitado la legalidad», porque sería «ir en contra de la ley». Así se pronunció Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si existe voluntad de atender la petición de Podemos de realizar una inspección para ver si existen contratos públicos con empresas vinculadas a la corrupción.
La vicepresidenta del Consell recordó que el actual Consell ha puesto en marcha filtros de control como el sistema de alertas tempranas para prevenir la corrupción -que ayer se aprobó en el pleno del Consell- «una vez van nueve empresarios a la Audiencia Nacional a decir que, efectivamente, financiaron de manera presuntamente ilegal a un partido político que estaba en el gobierno ya hemos fracasado colectivamente».
Por otro lado, la secretaria de Ciudadanía del PSPV-PSOE, Ana Barceló, advirtió de que el pasado al que quiere renunciar la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, está muy presente, «porque lo tiene todavía en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y en el Senado» dijo en referencia Francisco Camps y Alberto Fabra. La dirigente socialista criticó que el PPCV permita que «los implicados estén ocupando cargos públicos en su representación» y lamentó «el bochorno diario que el partido de Bonig está haciendo pasar a los valencianos y a sus propios votantes».
