Victoria de los dirigentes del PP contrarios a compensar a aquellas autonomías, como es el caso de la Comunidad Valenciana, perjudicadas de forma sistemática en el reparto de la financiación autonómica. Durante una comida en Génova convocada para abordar la cuestión, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asumió la postura del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, para cerrar de forma definitiva la puerta a una quita de aquella porción de deuda generada por el déficit de financiación, una cantidad que en el caso de la Comunidad se acercaba a unos 20.500 millones. En presencia de Mariano Rajoy y de la propia líder regional del PP y aspirante a la Generalitat, Isabel Bonig, Montoro dio carpetazo, con la única queja del presidente murciano Fernando López Miras, a la principal petición del Consell para cambiar un modelo caducado desde hace ya más de cuatro años y que se queda, una vez más, sin fecha tope para la reforma.

La decisión de los populares, tomada en una reunión de partido y sin contar al menos con una decena de presidentes autonómicos que forman parte de otras formaciones políticas, encrespó a los dos socios del Consell del Botànic -socialistas y Compromís- mientras la mencionada Isabel Bonig despachaba la cuestión con una declaración de corte oficialista al término de la cita en la que reclamaba a los socialistas un «acuerdo de mínimos» y «altura de miras» para poder concretar un acuerdo. «Tenemos voluntad para conseguir acuerdos en financiación y en asuntos como el Pacto del Agua. Si el PSOE quiere nos pondremos a trabajar en un nuevo modelo», recalcó Bonig. Punto y final. Esa reclamación de la Generalitat no es una cifra caprichosa. Ni abarca el total del desfase que ha generado el déficit de financiación en las arcas de la Comunidad. Ni dx una cantidad calculada a la ligera. Esa quita de deuda, unos 20.500 millones, es la que permtiría al Consell poder aligerar su carga para poder volver a tener acceso a los mercados financieros, según las condiciones que marcan los rating de las agencias de calificación de riesgos.

Entre los presidentes críticos con la quita -propuesta en su día por Francisco Pérez, representante de la Comunidad Valenciana en la comisión de expertos- estaban los gobiernos de Galicia y Castilla y León, cuyos presidentes también estaban en el acto y se tranquilizaron con el compromiso de Cristóbal Montoro. Son autonomías que, en todo caso, han salido muy beneficiadas con el actual sistema de financiación. Los gallegos han ingresado con este modelo 30.000 millones más que la Comunidad. Lo que no precisó el ministro es cómo se afrontará la crisis de deuda que padecen esos territorios infrafinanciados y sugirió, sin detallar nada ni precisar ningún tipo de sistema, que se buscarán fórmulas para aligerar esa carga.

La reunión de dirigentes territoriales del PP, junto al portazo a la quita de la deuda, dejó bloqueada y sin fecha, además, la negociación para la reforma del conjunto del sistema. La cúpula popular, según apuntaron, va a empezar a trabajar en un documento con acuerdo de sus líderes territoriales pero en en el que no se marca ningún tipo de plazo. Como se recordará, la conferencia de presidentes autonómicos, hace ahora un año y a propuesta de Ximo Puig, acordó cambiar el modelo durante 2017, una promesa que se ha incumplido. Ahora no sólo no hay fecha con un plazo sino que los populares admiten que será dificíl poner en marcha el nuevo modelo en tanto no se resuelva la crisis en Cataluña, comunidad que representa casi el 20% del PIB de España. Más tensión territorial.