Uno de los orígenes de la investigación de la Operación Erial se encuentra en el caso Taula, la macrocausa de corrupción que investiga el presunto cobro de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València. Un dossier entregado por un sirio al yonki del dinero, Marcos Benavent, con documentación relacionada con el Plan eólico, adjudicado en 2002 en varias fases que culminaron en 2003, a cinco grandes grupos de empresas, ha sido una de las claves para iniciar la investigación en 2015.
Y tras la pista de estas adjudicaciones acudieron ayer agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Conselleria de Economía Sostenible para requisar la documentación relativa al Plan eólico, en concreto las zonas adjudicadas a la sociedad Proyectos eólicos valencianos. Aunque también recogieron documentación sobre las adjudicaciones de las ITV (Inspecciones técnicas de vehículos) privatizadas por Zaplana en 1997. Un proceso que estuvo directamente tutelado por el entonces jefe de gabinete del jefe del Consell, Juan Francisco García.
El registro de la UCO en la Torre 2 de la Ciutat administrativa 9 d'Octubre, donde está ubicada la Conselleria de Economía Sostenible, se prolongó desde las 10.30 hasta las 16.00 horas. Los agentes precintaron varios armarios en la séptima planta del edificio del departamento que dirige Rafael Climent.
Curiosamente, la mercantil Proyectos eólicos valencianos ya estuvo en el centro del juicio por el que José Luis Olivas y Vicente Cotino fueron condenados a un año y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Púiblica. El hecho por el que ambos se sentaron en el banquillo fue el pago en 2008 de Cotino a Olivas de una comisión de 580.000 euros (IVA incluido) por «mediar» en la venta de las acciones en Proyectos Eólicos Valencianos SA -participada por Endesa (55%), Sedesa Inversiones (20%) y Bancaja (20%)-.
