En las últimas semanas, la cúpula provincial del PP, al mando de José Císcar, y la dirección regional de Isabel Bonig estaban convencidas de su rearme para retomar, a un año de las elecciones, la iniciativa de esta larga precampaña con tres mensajes en su argumentario. A saber: la investigación por la financiación ilegal de los socialistas valencianos y del principal partido de Compromís en la campaña de 2007, la última visita de Mariano Rajoy y, sobre todo, el acceso de Luis Barcala a la Alcaldía de Alicante para conformar un eje junto a la Diputación alternativo al Consell del Botànic. Toda esa combinación les había dado aire a los populares. «Vamos a iniciar la reconquista», clamaba Bonig, ya investida por Rajoy como aspirante a la Generalitat amparándose en una estrategia que también tenía otras dos patas: el ataque a la política lingüística en educación y a la gestión sanitaria del Consell.
Hasta ahora los populares han venido dando por descontado el impacto de las resoluciones judiciales que se remontan a su etapa de gobierno y que ya estaban abiertas con anterioridad. Ese es el caso del inminente ingreso en prisión de Milagrosa Martínez por el amaño de los contratos de Fitur a favor de la trama Gúrtel. Pero nadie esperaba en las filas populares, sin embargo, una imagen con la potencia y el impacto de la detención de Eduardo Zaplana, el primer presidente de la Generalitat del PP y exministro con José María Aznar, en una operación de la Guardia Civil. «Parece que lo han pillado. Eso está claro. Y desde luego tiene un coste para todo el partido. No queda otra que asumirlo y seguir adelante», apuntó un alto dirigente popular. La «Operación Erial» cogió por sorpresa a la mayoría de cargos populares que asistieron con resignación a la caída, quizá, del presidente de la Generalitat con mayor influencia política de los que ha tenido el PP durante sus dos décadas en el gobierno valenciano. Una auténtica conmoción en las filas de una formación muy desgastada por el efecto de la corrupción.
La detención de Zaplana, apuntaron estas mismas fuentes, supone un torpedo para el futuro del PP. No se puede atribuir, continuaron con esa reflexión, a una circunstancia personal como el juicio por delito fiscal que afecta durante estos días a Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante. Responde, por contra, a su etapa en la Generalitat con proyectos como Terra Mítica, la privatización de las ITV o los parques eólicos. A Zaplana se le acusa de tener dinero negro en paraísos fiscales que habría obtenido, presuntamente, a través de comisiones ilegales -unos 10 millones- que ingresó vía contratos adjudicados de manera irregular durante su etapa en la Generalitat. Y eso cuestiona directamente la gestión del PP junto con otro detalle, como reconocen dirigentes populares: tres de los cuatro presidentes que ha tenido el PP están envueltos en problemas judiciales por corrupción. José Luis Olivas, Francisco Camps y ahora Eduardo Zaplana que, además y como apuntaron cargos del PP, fue el primero que llegó al Palau de la Generalitat con la imagen que se traslada de que, en estos momentos, lo que está ya en cuestión el propio origen de la etapa del PP. La investigación, además, también afecta a Juan Cotino, citado como imputado por el juez, en lo que supone, encima, que los últimos dos presidentes de las Cortes -segunda autoridad de la Comunidad- con los que han contado los populares están o pendientes de ingresar en prisión como la citada Milagrosa Martínez o investigados ahora como Cotino. Un final de ciclo icónico, reconocen cargos populares, que rompe por completo el discurso de un PP como el de Bonig que se vendía como «nuevo» y renovado, pendiente de denunciar la gestión de los servicios públicos pero que, en realidad, vive pendiente de los sobresaltos de su pasado. Otro mazazo que afecta a su credibilidad e imagen.
Y todo esto ocurre, además, como también admiten en las filas populares, en un momento electoral decisivo: cuando falta un año para los comicios locales y autonómicos de 2019 y con Ciudadanos disputando todo el espacio del PP, que se reduce con las investigaciones judiciales como ha ocurrido en Madrid, como apuntan todas las encuestas, con el escándalo que ha afectado a Cristina Cifuentes. La relación del expresidente de la Generalitat con la actual cúpula popular era correcta. Sin más. Isabel Bonig colocó a María, una de las hijas de Eduardo Zaplana, en la última ejecutiva regional del PP. Pero, por encima de ese trato moderado que ahora tenía el expresidente con su partido y la sintonía que mostraba con Ciudadanos, su figura se sigue vinculando a los populares. En esta tesitura y a sabiendas de que no se encuentran ante una situación del pasado ya descontada sino ante un escenario que, más allá de eso, desgasta todavía más las siglas del PP, la dirección popular se apresuró a marcar distancias con Zaplana.
Mariano Rajoy evitó hablar del asunto cuando le preguntaron en Madrid. Pero María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, dejó clara la postura del partido en el ámbito de los tribunales: «Que actúe la Justicia, que es lo que tiene que hacer». En paralelo, el comité de disciplina popular decretó la suspensión de militancia de forma fulminante acelerando, incluso, los procesos establecidos en los estatutos del PP que, de aplicarse a rajatabla, son más suaves. «El hecho reviste la suficiente gravedad», apuntó Fernando Martínez Maíllo en Madrid. Evidencia de la importancia que conceden en las filas populares al desgaste que se puede generar con la detención de Eduardo Zaplana. Una escena que le quema a los populares en la Comunidad. La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, por la manaña, dejó a María José Catalá sola en las Cortes para lidiar con la situación y, ya por la tarde, se ausentó de un acto interno anunciado en agenda y programado sin una excusa convincente. Hoy casi con toda seguridad no podrá evitar enfrentarse al asunto en el parlamento. Corre dos riesgos. Seguramente tendrá que contestar a la espinosa cuestión de Zaplana y, además, deberá frenar la tentación de parte de su tropa de lanzarse, en vista del panorama, a actuar con la táctica del «sálvese el que pueda».
