Los principales dirigentes de los partidos de izquierdas con representación parlamentaria en la Comunidad Valenciana y el Congreso de los Diputados redoblaron ayer sus ataques al PP después de que la jueza que instruye el «caso Erial» enviara a prisión provisional y sin fianza al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. PSPV, Compromís y Podemos aprovecharon para deslegitimar a los populares al frente de las instituciones y para situar a los principales cargos del PP autonómico como una continuidad de los gobiernos de Zaplana y del también expresidente Francisco Camps, investigado también en varias causas ligadas a la corrupción. Y todo ello ante el silencio de la cúpula del PP autonómico -que lo máximo que hizo fue un contraataque con la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc- y las manifestaciones de Cs dando por «hundido» a su principal rival en la conquista por el espacio electoral de centro-derecha.
La número dos del PP de la Comunidad, la oriolana Eva Ortiz, y el presidente del PP provincial de Alicante, José Císcar, apelaron al «respeto a las decisiones de la Justicia». Sin más. Por su parte el presidente de la Diputación de Alicante y único miembro del PP alicantino en la cúpula de Génova, César Sánchez, dijo que era un día «muy triste para todos los afiliados y simpatizantes. Espero que la Justicia resuelva cuanto antes este asunto». El vicesecretario regional del PP de la Comunidad, Rubén Ibáñez, emitió finalmente un comunicado que se centró en atacar a los socialistas por las causas judiciales derivadas de la financiación irregular en las elecciones de 2007, causas con las que los populares pretenden equiparar las investigaciones y sentencias judiciales que salpican al PP.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que en términos políticos el ingreso en prisión de Zaplana «es una constatación del fracaso de los gobiernos del PP» y dijo seguir «impactado» por la situación «más allá de cualquier componente político». Preguntado por la respuesta del PP valenciano de desvincularse del PP de Zaplana y Camps, indicó que los principales dirigentes en la actualidad «han participado de esa época». «Forman parte de ella», subrayó. Recordó que la Generalitat ha tomado medidas para la restitución del dinero público al decidir, cuando sea el momento procesal oportuno, personarse en el caso como administración afectada.
El portavoz del PSPV en las Cortes, Manuel Mata, tildó de «muy preocupante» la prisión provisional sin fianza «porque requiere que haya indicios muy contundentes, un riesgo de fuga evidente y la posibilidad de destruir pruebas». «Significaría que el pueblo valenciano se despierta en medio de una gran pesadilla porque ha sido víctima de una gran estafa colectiva» y auguró «implicaciones muy extensas, de una envergadura que hoy nadie está en condiciones de evaluar». El secretario general de los socialistas alicantinos y alcalde de Xàbia, José Chulvi, afirmó por su parte que es «lamentable» que un expresidente de la Generalitat «termine en la cárcel por unas acusaciones tan graves».
El portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, valoró positivamente la decisión de la jueza porque, a su juicio, «una persona del calibre de Zaplana puede destruir pruebas». Añadió que merece todos los cuidados por su enfermedad, pero que es «prudente que no esté libre para no destruir pruebas, sobre todo después de lo que ha hecho en los últimos años».
La número uno de la coalición en las Cortes, Mireia Mollá, destacó que el envío de Zaplana a prisión se produjo el mismo día que la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, entraba en la cárcel y en la jornada con condena judicial al PP por la financiación ilegal. «¿Se puede hablar ya de organización criminal?», se preguntó , y apostilló que Eduardo Zaplana no es imagen del pasado porque compartió gobierno con el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El líder de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, valoró que la entrada del primer expresidente a la cárcel supone «el golpe de gracia de una época negra». «Es el promotor del modelo del PP que puso en marcha las mordidas y los grandes eventos que han arruinado esta Comunidad», mientras que la senadora Vicenta Jímenez destacó que los hechos evidencian «el paradigma de cómo entender eso de entrar a la política para forrarse».
La portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez, señaló que el caso de Zaplana sumado a la sentencia de la Gürtel «demuestra que es una trama generalizada del PP». «No son casos aislados. El PP deja de estar legitimado después de tanta corrupción para gobernar en la Comunidad», sentenció. La portavoz de Cs en la provincia, Yanneth Giraldo, añadió por otro lado que el ingreso de Zaplana en prisión «confirma el hundimiento del PP». El diputado autonómico Emigdio Tormo, vinculado al sector zaplanista durante su etapa en el PP, se remitió en sus declaraciones a preguntas de este diario a lo dicho por la portavoz en las Cortes de su partido.
La portavoz del grupo municipal Liberales en el Ayuntamiento de Benidorm Gema Amor, que fue miembro del gobierno del expresidente Zaplana, lamentó la actuación del PP de «darle de baja en 21 minutos» por provenir del «rencor y el odio» y acusó a los populares de no respetar la presunción de inocencia y de darle credibilidad al «autodenominado 'yonki del dinero'».
