En la modificación legal que permitió convertir las pruebas valencianas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las más caras de España tiene mucho que ver un personaje cuya huella aparece en diversos casos de corrupción que han estallado en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas.
Se trata de Rafael Blasco, que fue siete veces conseller con tres presidentes distintos, y que en 2015 fue condenado a seis años y medio de cárcel por el Supremo.
Blasco, expulsado en su día del PSPV, fue clave en la estrategia política que permitió al PP crecer electoralmente en los años 90 y a Eduardo Zaplana conseguir la mayoría absoluta en 1999. A Blasco se le atribuye el abrazo del oso que permitió al PP hacerse con el electorado de Unión Valenciana.
Pero Blasco fue también el cargo político que promovió el cambio normativo que disparó la rentabilidad de las ITV hasta convertirlas en un auténtico caramelo para hacer negocio con su venta, según datos de Compromís a este diario. Ahora, un juzgado investiga si parte del dinero acumulado por el expresidente Eduardo Zaplana en paraísos fiscales y que al parecer pretendía recuperar, procede del cobro de comisiones de empresas adjudicatarias de las ITV.
Blasco, que fue conseller de Ordenación del Territorio entre 2003 y 2006 introdujo mediante un decreto pruebas nuevas en las ITV como la sonometría (solo obligatoria en la Comunitat Valenciana) o la de los gases contaminantes, que permitieron que las ITV dispararan el precio de media de 18,4 euros a 46,5.
Ello permitió que las empresas adjudicatarias de la privatización del servicio decretada por Zaplana en 1997 (apenas dos años después de su llegada al poder) pudieran vender sus participaciones con unos beneficios millonarios. Un ejemplo de ese negocio es el lote adjudicado a Atecsa, firma sin experiencia en el sector de las ITV y formada por una maraña de sociedades entre las que estaba Crespinell SL (que fue adquirida por el entonces secretario del Ayuntamiento de Carlet, Juan Ramón Ferrís, cercano a Blasco en el pasado). La adjudicación costó ocho millones y se vendió por 14.
Compromís fue también el promotor de una iniciativa que permitió que las Corts instaran a la Sindicatura de Comptes a elaborar una auditoría sobre las ITV entre 1997 y 2015. Ésta concluye que la decisión de la privatización de este servicio fue política y no técnica ya que no existieron informes que justificaran la decisión del Consell de cambiar el régimen de explotación que se llevó a cabo en un sistema de distribución por lotes que solo se hizo en la Comunitat Valenciana.
La conexión Blasco tiene más derivadas. Compromís va a llevar al juzgado del caso Erial documentos que reflejan que entre los adjudicatarios que hicieron negocio figuran empresas de la familia Cotino (su sobrino ha sido detenido en la operación contra Zaplana) y otros que señalan que en Atecsa estaba también Tempero 9000, vinculada al exdirectivo del Sepiva (la empresa que tenía que inspeccionar las ITV) Gregorio Martínez. Éste y Ferrís fueron adjudicatarios en 2001 de plazas de residencias, un proceso que también impulsó Rafael Blasco.
