«Imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida» el uso de una lengua contraviene el Estatut d'Autonomia, la Llei d'Ús y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano solo tienen validez en la C. Valenciana. Para que tengan eficacia en otras autonomías han estar en castellano, dice la sala.
El precepto es ilegal porque «no preserva el equilibrio entre las dos lenguas» y «no se dispensa el mismo trato a los castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano», señala.
