El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y sus dos presuntos testaferros valencianos, Joaquín Barceló y Francisco Grau, protagonizaron varios «pelotazos» urbanísticos en Somosaguas (Madrid) y La Vila Joiosa, con los que engrosaron las cuentas corrientes del entramado de empresas creado para blanquear el dinero de las presuntas mordidas.

En la Vila Joiosa, como ya contó INFORMACIÓN, la empresa de Barceló Gesdesarrollos compró unos terrenos por cuatro millones y perseguía una plusvalía de «siete u ocho millones». La operación de Somosaguas se gestó mientras el expresidente de la Generalitat era portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados (abril de 2004 a abril de 2008). Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han podido acreditar el intercambio de dinero entre la Urbanizadora Somosaguas (ya extinguida y propiedad del empresario ya fallecido Luis García Cereceda) y la empresa del amigo de la infancia y presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, Costera del Glorio. La mercantil de Barceló adquirió una parcela en la exclusiva urbanización La Finca (en Pozuelo de Alarcón, que acoge a los más VIP de la alta sociedad madrileña) a Urbanizadora Somosaguas en enero de 2005, según un contrato privado de compraventa rescatado por la Guardia Civil. Costera del Glorio abonó 862.773,14 euros en tres pagos (192.924 euros el 4 de abril de 2005, 3269.563 euros el 4 de enero de 2006 y otros 340.285 euros el 4 de enero de 2007). Un dinero que salió, según ha acreditado la Guardia Civil de una cuenta particular de Barceló, de la mercantil Medlevante (nutrida con los fondos de Imison International, la empresa creada por los Cotino en Luxemburgo) y de una línea de crédito suscrita por Costera del Glorio por valor de 700.000 euros.

Apenas cuatro meses después, el 23 de mayo de 2007, Urbanizadora Somosaguas «adquiere nuevamente los derechos sobre la parcela urbana y la casa unifamiliar» en La Finca a la empresa de Barceló, Costera del Glorio, «por un importe notablemente superior: 4,3 millones de euros». «Esta operativa a través de la cual se adquiere y cede una propiedad a una misma empresa, con la que se generan plusvalías superiores a 3 millones de euros, en un periodo aproximado de dos años, no se correspondería con la lógica comercial de un promotor inmobiliario», apunta la Guardia Civil.

Aunque las pesquisas realizadas por la UCO también han permitido seguir el rastro a estos 4,3 millones de euros que ingresó Costera del Glorio el 25 de mayo de 2007 y de los que se habría beneficiado «indiciariamente Eduardo Zaplana». Es el caso de una transferencia de 30.000 euros «con abono en una cuenta de Joaquín Barceló, ordenada el 2 de noviembre de 2007, que inmediatamente se utilizan para llevar a cabo una transferencia a favor de Eduardo Zaplana». El 16 de noviembre de 2007 se ordena otra transferencia a un concesionario de vehículos que «estaría relacionado con la compra de un vehículo propiedad de Rosa Barceló», esposa de Zaplana. Y el 20 de diciembre de 2007 otros 68.231 euros se abonan a otro conocido concesionario de València para abonar «el turismo de propiedad de Zaplana, marca Audi modelo A8». Además de salidas puntuales de dinero, el 24 de abril de 2009 la empresa de Barceló Costera del Glorio abona un millón de euros para «la adquisición de una vivienda sita en la calle Núñez de Balboa», adquirida el 15 de enero de 2010, para la que se reciben otras transferencias con las que finiquitar la compra y reformar la vivienda. Algunos de los cheques emitidos por Costera del Glorio son cobrados por Mitsouko Henríquez, la secretaria de Eduardo Zaplana (ver en el cuadro adjunto los movimientos recopilados por la Guardia Civil). Durante los registros realizados durante las detenciones de Zaplana y su círculo cercano en mayo de 2018, la Guardia Civil también encontró un contrato privado de cesión de la propiedad de la casa de Núñez de Balboa, de Costera del Glorio a Zaplana.

Investigan si el dinero de Andorra procede de presuntas comisiones de Terra Mítica

Varios condenados por el fraude en el parque temático tenían cuentas en Andorra como el testaferro de Zaplana

Los investigadores del caso Erial indagan si el dinero que atesoraban los testaferros de Eduardo Zaplana en Andorra (4,8 millones de euros) procede del presunto pago de comisiones en Terra Mítica. Se trata de una de las numerosas vías de investigación abiertas en esta causa que se inició en noviembre de 2015 y que rastrea el presunto cobro de comisiones del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, durante su etapa como jefe del Consell pero también cuando ejerció de ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar. Además de la coincidencia y relación de algunos personajes, todos tienen en común disfrutar de cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

El testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, era el propietario de varias empresas panameñas con cuenta en el BPA de Andorra que transfirieron 4,8 millones de euros a Imison International SA (ubicada en Luxemburgo y creada por Vicente Cotino en 2001). También en Andorra abrieron varias cuentas los empresarios condenados por el fraude de facturas en Terra Mítica, Vicente Conesa y Antonio Moreno Carpio, el 17 de mayo de 2001. En el caso Terra Mítica se llegó a enviar una comisión rogatoria a Andorra para investigar si hubo blanqueo de capitales, estafa y delito fiscal, aunque finalmente la acusación de esta macrocausa de corrupción sólo pudo materializarse por fraude a la Hacienda Pública.

Antonio Moreno Carpio también fue uno de los dos empresarios (el otro fue José Herrero), finalmente condenados en Terra Mítica, a quien los entonces diputados del PSPV José Camarasa y Antoni Such grabaron en un encuentro privado entre los cuatro en el que los empresarios admitían haber participado en una trama para hinchar facturas de trabajos relacionados con Terra Mítica y haber pagado comisiones. Eduardo Zaplana llegó a querellarse contra los empresarios y los diputados, pero el juicio nunca llegó a celebrarse porque el exministro de Trabajo retiró la acusación. En esta conversación fue José Herrero quien aseguró: «El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana, no es que lo haya oído yo, es que lo han oído los 16 que han ido a soltar». Zaplana y Conesa son viejos conocidos porque el primero adjudicó al segundo el mapa sonoro y verde de Benidorm, también rodeado de sospechas, que nunca se aclararon.