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El PP y Ciudadanos proponen liquidar las medidas del Botànic contra la corrupción

La popular Isabel Bonig llevará en su programa la supresión de la Agencia Antifraude. Toni Cantó insiste en echar el cierre a la conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz. «Tendrán que explicar por qué no quieren ponérselo difícil a los que roban...», advierte Mónica Oltra

El PP y Ciudadanos proponen liquidar las  medidas del Botànic contra la corrupción

El PP y Ciudadanos proponen liquidar las medidas del Botànic contra la corrupción

Las principales medidas abanderadas por el Consell del Botànic para impulsar la lucha contra la corrupción quedarán en papel mojado si la derecha suma para formar gobierno y llegar al Palau de la Generalitat. El programa electoral del PP, que hoy presentará su candidata Isabel Bonig, incluirá dar carpetazo a la Agencia Antifraude, dirigida actualmente por Joan Llinares, dependiente de las Cortes Valencianas y que ha tramitado un total de 180 expedientes durante el año pasado. Y el plan de Ciudadanos para adelgazar la administración, como ya avanzó su aspirante Toni Cantó el pasado jueves en Alicante y amplió ayer mismo en València, llevará negro sobre blanco la eliminación de la conselleria de Transparencia, que dirige el alicantino Manuel Alcaraz, de Compromís.

Con esos anuncios en plena precampaña y a menos de un mes de la cita con las urnas, la derecha pone en cuestión las dos principales iniciativas que tomó el gobierno de progresos cuando llegó al Consell en 2015 para prevenir la corrupción en la administración autonómica. Como se recordará, desde 2009 cuando estalló la trama valenciana del caso Gürtel, la gestión del PP en la Generalitat estuvo marcado por el estallido de investigaciones judiciales que afectaron de norte a sur a cargos del partido: Gürtel, Brugal, Emarsa, el fraude de Cooperación, caso Taula, Nóos, Fórmula 1, financiación ilegal del PP... y ahora, sin ir más lejos, la investigación que afecta a Eduardo Zaplana por el supuesto cobro de comisiones durante su etapa en el Consell. La vuelta de la izquierda al gobierno, sin embargo, supuso, inicialmente, la creación de la conselleria de Transparencia para introducir «cortafuegos» contra la corrupción. Y posteriormente la puesta en marcha de la Agencia Antifraude, dependiente del parlamento autonómico y para la que se seleccionó como director a Joan Llinares, un valenciano que había ejercido ese mismo cargo en Barcelona y que había destapado el escandalo del saqueo de las cuentas del Palau de la Música Catalana.

En un reciente informe sobre el impacto de esas malas prácticas en la actividad económica, la Unión Europea citaba a la Comunidad Valenciana como ejemplo de lucha contra la corrupción durante estos cuatro años en los que el Consell ha intentado levantar, en una frase acuñada por el propio Ximo Puig, la hipoteca reputacional que se había generado como consecuencia de la gestión del PP. Ahora, sin embargo, las fuerzas de la derecha apuestan por acabar con las instituciones que han generado ese giro en la imagen que, en estos momentos, proyecta la Comunidad sobre la corrupción, completamente diferente a la que ofrecía en 2015. Isabel Bonig avanzó ayer su intención de eliminar «agencias sin sentido» como la antifraude o la de la innovación que, en su opinión, «se pueden suprimir fácilmente». Bonig anunció la publicación de un nuevo programa electoral digital, personalizable y por tramos de edad para las elecciones del 28 de abril, aunque se reserva las propuestas «estrella» para mantener la «emoción» durante la campaña. Al margen de ese «suspense», la candidata popular aseguró que otro de sus objetivos será la eficiencia de ingresos para eliminar gastos superfluos. También prometió recuperar la ley de protección a la vida y eliminar la de la huerta, el plurilingüismo o el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), con las que cree que el Botànic intenta «arrinconar al PP».

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat , Toni Cantó, presentó la campaña «Le Doy un Bocado», orientada a «eliminar duplicidades» para insistir en la supresión de la conselleria de Transparencia. «Es un ejemplo de chiringuito que no sirve para nada y que supone un coste de 49 millones de euros para todos los valencianos», dijo. Le contestó el propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz: «Que Toni Cantó no quiera una conselleria de Transparencia si gobierna él no puede considerarse una sorpresa. Es todo un honor que alguien como él pida opacidad». Estas declaraciones del conseller alicantino están relacionadas con las palabras de la hasta hace unos días directora general de Transparencia, Aitana Mas, actual cabeza de lista de Compromís a las Cortes por Alicante, quien señaló que «viendo Ciudadanos hace las primarias, casi mejor que mantengáis la Conselleria de Transparencia, que también -le espetó la candidata alicantina a Cantó- es la de Participación».

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra, candidata de Compromís, destacó «el trabajo extraordinario de la conselleria de Transparencia para desterrar la corrupción». A partir de diversos reconocimientos internacionales, Oltra señaló sobre «las formaciones políticas que quieren eliminar la prevención contra la corrupción, pues igual tiene sus razones, pero no sé si son muy válidas desde el punto de vista democrático». Y lanzó dos preguntas: «¿Quién no se lo quiere poner difícil a los ladrones? ¿Y por qué? Yo no puedo contestar, quien quiera quitar esas medidas de prevención, que lo diga», zanjó la vicepresidenta del Consell.

180 denuncias recibidas en 2018 en la Agencia Antifraude

La Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana recibió un total de 180 denuncias en 2018, el 13% presentadas por cargos políticos, la mayoría de ellas en administraciones locales por cuestiones relacionadas con gestión de personal y contratación pública. También registró hasta 21 peticiones de protección de trabajadores de la administración, dos de ellos despedidos. Así consta en la memoria de la Agencia Antifraude de 2018 que remitió ayer su director, Joan Llinares, al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. Durante 2018 no se abrió ningún procedimiento sancionador, si bien se advirtió a varias administraciones públicas.

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