La Cuenta General de la Generalitat de 2018 deja, un año más, una suma más que elevada de la deuda de la Administración. De las cuentas se desprende que el pasivo exigible aumenta a los 51.592 millones de euros en el último ejercicio del primer Botànic. La cifra representa el montante económico que la Generalitat debe abonar tanto a corto como a largo plazo y en el caso de 2018, la deuda triplica el presupuesto no financiero de la Administración para 2019.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, descartó ayer que los datos puedan mejorar. «El pasivo seguirá creciendo hasta que no haya una financiación adecuada», sentenció. En concreto, respecto a 2017 la deuda ha crecido un 2,5 % debido precisamente al Fondo de Liquidez Autonómica, una medida compensatoria para las comunidades que no hace más que agravar las cuentas.
La dependencia financiera del Consell con el Estado se refleja en los créditos a largo plazo. Entre 2017 y 2018, el préstamo creció en 468 millones hasta llegar a los 39.339 millones, donde se integran los fondos prestados del FLA. El Consell no ha conseguido tampoco reducir los acreedores a corto plazo, es decir, préstamos que vencen al año y que en 2018 se contabilizan en 11.678 millones, cerca de mil millones más que en 2017.
Ambos incrementos compensan con el descenso de las provisión para riesgos y gastos a corto plazo, que pasan de 669 millones a 547 millones del año pasado. Hay que añadir la previsión de los riesgos a largo plazo, que ascienden hasta los 26 millones. Ambos conceptos han ido disminuyendo de la Cuenta General a lo largo de los ejercicios contables del Botànic. Al tratarse de gastos que se pueden prever pero no concretar, el Botànic siempre ha tratado de ajustar la cuenta a la realidad siguiendo la filosofía de «sanear» las cuentas.
En ese sentido, la cuenta general también aflora nuevas provisiones y compromisos no reconocidos por los gobiernos del PP. Es decir, sentencias y deudas que el Consell del PP no asumió en su momento y ahora el Botànic tiene que resolver. En este ejercicio se fijan 100 millones para subsanar las deudas populares, una cifra baja respecto a los 3.084 millones de euros de ajustes negativos que el Consell heredó en 2015.
En concreto, se contabilizan 43 millones para la demolición de las dos torres de la playa de Benidorm, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por vulnerar la Ley de Costas. Esta cantidad se añade a los 72 millones provisionados el año pasado para indemnizar a los propietarios que adquirieron viviendas.
Se reservan 52 millones para provisionar la devolución de ingresos indebidos cobrados por el gobierno del PP a dependientes y usuarios de residencias desde 2014. Así, se cumple con una sentencia que declaró ilegal el cobro como precio público y no como tasa. Por último, hay 5 millones destinados a abonar el IBI de edificios públicos que no se abonó entre 2011 y 2015.
A las tres facturas pendientes se añade una más. Soler explicó que también se han provisionado resoluciones pendientes de Vivienda de la etapa de Isabel Bonig como consellera de Infraestructuras, bajo el gobierno de Alberto Fabra, que ascenderían a 25 millones de euros. De hecho, para resolver todos los expedientes se necesitan 38 millones de euros, pero 12 de ellos se incluyeron en los presupuestos de 2019. Soler no ocultó su malestar hacia Bonig, que decidió en 2013 convocar ayudas a la Vivienda sin consignación presupuestaria pese a la negativa de la Intervención.
Según informó Soler en rueda de prensa junto a la vicepresidenta Mónica Oltra tras el pleno del Consell, el informe se entregó ayer a la Sindicatura de Comptes para que sea ratificado. El documento incluye las cuentas de la Administración de la Generalitat, las entidades de derecho público, las entidades públicas empresariales y sociedades públicas y las fundaciones, consorcios y universidades.
Mejora de la economía
No todo fueron malas noticias en lo financiero. Según destacó Soler, el resultado económico-patrimonial negativo desciende a 840 millones de euros, la mejor cifra desde hace una década. El resultado evalúa el ejercicio financiero como si la Administración fuera una empresa privada, por lo que resta los ingresos y las ganancias a los gastos y las pérdidas. En 2017 fue de 1.388 millones de euros, mientras que ahora desciende un 38 %. En parte es gracias a la mejora de la economía y a la recaudación de impuestos como el IRPF o el IVA.
Las pérdidas llegan a los 14.607 millones de euros, una cifra casi invariable respecto al año anterior. En esta ocasión se ha tenido en cuenta el lastre económico de la deuda de Canal 9. Se ha incluido para ser más fiel a la realidad, como insistió Soler, pero son 1.445 millones de euros que la Generalitat no va a cobrar.
Soler no ocultó lo que se antoja como un logro obtenido pese a la infrafinanciación. «Si no he cumplido con el déficit, imagínense por qué», dijo. Aún así, recordó que el déficit valenciano respecto al PIB en 2018 fue del 1,3 mientras que en 2015 se situaba en el 2,6.
Por otro lado, las «facturas en el cajón» también se han reducido. Se trata de las cuentas 409 y 411. El pasivo de la primera está pendiente de aplicar en el presupuesto, y asciende a 803 millones. Se encuentran algunos conceptos como el convenio con el IVVSA para construir colegios o el gasto de personal en Sanidad de noviembre y diciembre. Mientras, en la cuenta 411, cuyos pagos tienen que producirse en el próximo año, se consignan 114 millones para el copago farmacéutico, entre otras.
