La Cuenta General de la Generalitat publicó ayer su informe completo así como el de las entidades públicas empresariales, donde se encuentra À Punt. Según el informe de la auditoría externa Moore Stephens, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (empresa que da cuerpo a la radiotelevisión) tuvo en 2018 pérdidas por valor de 748.577 euros. El patrimonio neto contable negativo da pie a los auditores a señalar que según la ley de sociedades de capital, la entidad se encontraría «en causa de disolución», es decir, en quiebra técnica.
Con solo un año y medio de emisiones de radio y uno de televisión, la empresa que gestiona À Punt ya cuenta con pérdidas. Los fondos provienen de la Generalitat, que los transfiere a la corporación, la entidad matriz, y los deriva a la radiotelevisión casi en su totalidad. Los auditores detectan este desequilibrio que, en caso de tratarse de una empresa privada, debería disolverse según marca la legislación. Sin embargo, al tratarse de una entidad pública, no hay una quiebra real porque es la Administración autonómica quien inyecta los recursos necesarios para reestablecer el patrimonio.
Cuando los fondos patrimoniales son negativos la empresa entra formalmente en causa de disolución y así los advierten los auditores, pero dado que su titularidad es pública y sus fondos dependen del reparto presupuestario de la Generalitat, se da por sentada su continuidad. Aún así, no es posible conocer el detalle de la cuenta general de la sociedad À Punt. En el desglose que publicó ayer la conselleria de Hacienda, tanto el informe de cumplimiento como la auditoría operativa no estaban disponibles, ni de la corporación ni de la sociedad. Las desavenencias entre la Intervención y el consejo rector los mantiene como borradores sin cerrar.
Entre ellas, está por resolver una de las dudas que arroja la Generalitat en la auditoría a la corporación. Se trata de 9,2 millones de euros que no se han presentado como deuda en el balance. Son subvenciones «no aplicadas a su finalidad», esto es, no ejecutadas, que la corporación trató de retener en las cuentas para el ejercicio de 2019. Sin embargo, la auditoría señala que debe reintegrarse al presupuesto autonómico al no haber sido invertido donde correspondía. Fuentes de la corporación restaron importancia a este aviso porque los 9,2 millones son «ficticios». Se trata de una transferencia entre dos entidades del mismo grupo, la sociedad y la corporación, que se factura pero sin traspasar fondos de una a otra.
À Punt no atraviesa por su mejor momento financiero, con escaso líquido en sus cuentas aunque, según garantizan, con el presupuesto comprometido. Mañana se reunirá el consejo rector para valorar la programación de otoño que presentará Empar Marco por segunda vez, ya que la semana pasada se le requirió más información de la parrilla, por lo que no se aprobó. El consejo rector también aparece en la cuenta abreviada de la corporación a costa de sus retribuciones. Sus ocho miembros, donde no se incluye al presidente, Enrique Soriano, que tiene dedicación exclusiva, se embolsaron 107.755 euros durante el ejercicio de 2018 a razón de 500 por cada reunión. Fueron algo más de 15.000 euros cada uno.
