En el año 2018, en la Comunidad Valenciana se ejecutaron el 57,4% de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado, un porcentaje que sitúa a esta comunidad como la quinta por la cola entre las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas españolas. Si nos atenemos al periodo 2015-2018, de gran inestabilidad política, donde tuvieron lugar dos elecciones y una moción de censura, la Comunidad Valenciana no mejora mucho su lugar en el ránking de la falta de gestión de las inversiones del sector público del Estado por cada comunidad autónoma. En este caso, según los datos hechos públicos por la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y elaborados en un informe por la Generalitat de Cataluña, se cubrió el 64,1% del presupuesto, lo que la sitúa como la comunidad número 12, o lo que es lo mismo, la séptima por la cola.
Durante estos tres años, que comenzaron con Mariano Rajoy como presidente de Gobierno y acabaron con el socialista Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, esta comunidad por debajo del grado de ejecución del presupuesto que se ha registrado en la convulsa Cataluña -dos puntos en todo el periodo y diez en el último año- y ni más ni menos que la mitad de la cifra que se ha alcanzado en la Comunidad de Madrid, con un 113,9%, es decir, muy por encima del total de las inversiones previstas inicialmente. Estas cifras de ejecución de gasto agravan el dato de la inversión por habitante de la Comunidad Valenciana obtenida en los últimos presupuestos generales de Estado -elaborados en 2018 por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, bajo el mandato de Mariano Rajoy, unos presupuestos prorrogados desde entonces-, que situaba a la Comunidad Valenciana como la tercera peor comunidad, con 149 euros de inversión por habitante, una cantidad que tan solo permitía superar a los residentes en Canarias y Navarra.
Si con esa inversión tan escasa, menos de la mitad de lo que los estudios y valoraciones aseguran que tendría que recibir esta comunidad según su población (que debería estar por encima de los 334 euros, atendiendo el reparto que se establece en el resto de la media nacional), resulta que tampoco se agiliza la tramitación de inversiones previstas, por lo que la sensación de parálisis todavía es mayor. El informe del gobierno catalán con datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, dejan a la Comunidad en la cola de, prácticamente, todas las clasificaciones. Evidentemente, siempre está por debajo de la media estatal que se consigue al considerar a todas las comunidades implicadas, y en la mayoría de los casos está por debajo de Cataluña, muy lejos de Madrid y a gran distancia de comunidades muy beneficiadas en este reparto, como Castilla y León, Galicia y Aragón. Especialmente significativa es la comparativa del grado de ejecución de las inversiones del sector público del Estado por comunidades autónomas, donde el año pasado se consiguió una media territorial del 75,5%. Es decir, se ejecutaron tres de cada cuatro inversiones previstas por el Estado, casi un 20% más del 57,4% que se obtuvo en la Comunidad Valenciana, donde se superaron por los pelos la mitad de las actuaciones previstas. Tan solo en Cantabria, el País Vasco y Melilla se ejecutaron menos inversiones que en Alicante, Valencia y Castellón.
En la cola del PIB
La inversión por habitante, sumando los importes acumulados desde 2015 hasta 2018, deja a la Comunidad Valenciana tan solo por encima de Canarias y de las comunidades con régimen foral (País Vasco y Navarra). Además de la población, si comparamos las inversiones públicas en términos de peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB), de nuevo volvemos a estar muy por debajo del 2,4% el crecimiento calculado para España en 2019 por el Instituto de Economía Mundial. Mientras algunas comunidades reciben una inversión que supera el 4% de su PIB y, otras superan con dificultades el 1%. En este caso se sitúa la Comunidad Valenciana, la cuarta economía española por volumen de PIB que no recibe más que un 1,6% de inversiones respecto a su potencial económico real. En Cataluña, las inversiones del Estado representan un 1,3% del PIB y en Madrid, un 1,9%, todos ellos por debajo de la media nacional.
A las paupérrimas cifras de ejecución del gasto registradas por esta Comunidad hay que hacer una observación. Si no fuese por el año 2017, donde la inversión presupuestada por el gobierno de Rajoy para las provincias de Alicante, Valencia y Castellón fue la más baja de la década (con 589 millones de euros, un 33% menos que en los Presupuestos de 2016), los datos de gestión todavía serían peores. Al menos, hace dos años se ejecutó el 94,9 de la inversión prevista. Un oasis en medio del desierto de la infrafinaciación.
