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Puig llevará al pleno del Consell el recorte en el gasto pese al rechazo de Compromís

El acuerdo de no disponibilidad que Presidencia ve inevitable se convierte en la primera prueba de fuego del Botànic II

Puig llevará al pleno del Consell el recorte en el gasto pese al rechazo de Compromís

Puig llevará al pleno del Consell el recorte en el gasto pese al rechazo de Compromís

Ni la tasa turística, ni los peajes blandos, ni la política hídrica. La primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno tripartito serán los recortes de gasto en los presupuestos de la Generalitat de 2019 que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está dispuesto a llevar adelante ante la asfixia financiera. Salvo un giro inesperado se hará mediante un acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida extraordinaria de ajuste presupuestario que suponer cerrar el grifo del gasto de aquellas partidas que están sin comprometer. La medida debe ser aprobada por pleno del Consell y, según ha podido saber este diario, Puig está dispuesto a que el acuerdo se someta a votación del ejecutivo a la vuelta de las vacaciones de agosto. La Conselleria de Hacienda, que ya ha tenido contactos con las distintas conselleries para sondear el nivel de ejecución presupuestaria y las opciones de recorte, planteará formalmente la medida a pesar de que no existe consenso con los socios de Gobierno, principalmente con Compromís, que no comparte el tijeretazo.

Tal como informó ayer este diario, Compromís no está por labor de hacer ajustes y considera que la inestabilidad del Gobierno central no puede forzar un recorte en el gasto. Fuentes de Presidencia, conscientes de las reticencias de Compromís, insisten en que no hay otro camino ya que la situación de las arcas autonómicas es extrema. Las tensiones de tesorería son enormes y el fantasma de los impagos sobrevuela en la Generalitat. Fuentes del PSPV en el Ejecutivo insisten en que no es el Gobierno de Pedro Sánchez el responsable del tijeretazo, sino la falta de nuevos presupuestos generales del Estado. Ayer, Puig insistió en esa idea y lamentó el bloqueo a los presupuestos que ha hecho saltar por los aires la previsión de ingresos de cuentas autonómicas.

La línea roja, insistió ayer Puig, son los servicios públicos esenciales que quedarán libres del recorte, pero el resto de gasto deberá congelarse. «Hay que tomar decisiones», dijo, al tiempo que apeló a la responsabilidad con la que debe actuar cualquier gobierno. Subrayó que ningún ajuste va a afectar al Estado de Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.

El presidente aseguró que no existe una cifra cerrada sobre el impacto del ajuste: «Lo que haremos es que, con los escasos recursos que tendremos, intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social».

El problema es que ninguna conselleria quiere renunciar a sus partidas de gasto, máximo cuando en muchos casos sus titulares acaban de estrenar despacho. Compromís se queja de que nadie les haya informado formalmente sobre los recortes, aunque desde las filas socialistas se opina que las reuniones técnicas celebradas en julio son más que suficientes.

Con estos mimbres, si el acuerdo se somete a pleno del Consell, el conflicto está servido. Fuentes del Palau indican que las reticencias de Compromís no van a impedir la decisión y que, llegado el caso, el PSPV haría valer su mayoría en el Consell. Con todo, se va a intentar trabajar para que haya consenso y evitar la imagen de un arranque de legislatura con un Botànic dividido. Desde el PSPV se entiende que Compromís entrará en razón ya que, insisten, no hay otra vía. Otras comunidades, como Cataluña, se han viso abocadas a seguir este camino.

Unides Podemos ha decidido no adoptar, al menos de momento, una posición beligerante. Las fuentes consultadas indican que plantarán cara solo si afecta a los servicios sociales. Ayer, la síndica en las Corts, Naiara Davó, aprovechó la controversia para instar al PSOE a negociar un acuerdo de coalición con Podemos para conformar un ejecutivo que no esté en funciones y pueda adoptar decisiones en materia económica.

Por su parte, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, exigió a Puig que explique sin excusas cuánto dinero y qué derechos recortará a los valencianos. Consideró inaceptable que anuncie los recortes y luego «desaparezca», y auguró que esos ajustes «van a abrir una nueva brecha entre los socios del Consell, que al final es lo único que preocupará a Puig porque su Gobierno está por encima de los valencianos».

El presidente descarta la vía judicial que sí toma Cataluña

La vía judicial para reclamar una mejora de la financiación autonómica que en su día exploró sin éxito el Ejecutivo valenciano ya no encaja con Pedro Sánchez en la Moncloa. El presidente Puig indicó ayer que no sabe si la vía judicial «es la correcta» para abordar la financiación de las comunidades autónomas y señaló, tras anunciar la Generalitat de Cataluña que llevará al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019, que en la Comunitat se está «por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación» en este tema. Puig recordó que la Generalitat Valenciana ya intentó en un momento dado «plantear un litigio de carácter judicial respecto a la financiación» al entender que estaba «asistida por la razón» , pues todos los informes objetivos que existen sitúan a la Comunidad Valenciana como «la peor financiada».

«Ahora, la vía judicial no sé si es la vía correcta. Cada gobierno puede entenderlo de una manera o de otra, yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa. Y para eso es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones», agregó. El jefe del Consell, que ayer retomó su agenda política con motivo de la visita de la ministra de Sanidad a València, manifestó su deseo de que «hubiera una vía para que estas liquidaciones a cuenta se pudieran producir» y apuntó que existe voluntad por parte de la ministra de Hacienda, pero «parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite».

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