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Varapalo judicial a la estrategia del PP y de la Diputación para atacar a la Generalitat

El Tribunal Constitucional resuelve que la Ley de Mancomunidades de la Generalitat ni vulnera la autonomía de la institución ni el mapa provincial.

El expresidente de la Diputación César Sánchez en la toma de posesión de Carlos Mazón.

El expresidente de la Diputación César Sánchez en la toma de posesión de Carlos Mazón. rafa arjones

Los tribunales le han dado un importante varapalo tanto al PP como a la Diputación de Alicante a cuenta de la batalla judicial iniciada durante el anterior mandato de César Sánchez contra la Generalitat por la Ley de Mancomunidades, aprobada en 2018 para regular la creación de estos organismos de ámbito comarcal. Ayer el Tribunal Constitucional validó la ley al entender que no vulnera la autonomía provincial al no excluir la colaboración con otros entes de carácter local. Le da la razón así a la Generalitat frente a la estrategia que emprendió César Sánchez agitando el anticatalanismo para defender el papel de las corporaciones provinciales. Los populares, en su recurso, argumentaron que con esta iniciativa se enmascaraba una Ley de Comarcas en la que se atacaba la autonomía provincial y la independencia de los municipios. Sin embargo, la sentencia del Constitucional resuelve a favor del Consell el recurso presentado por 50 diputados del PP a petición en su día de la Diputación de Alicante.

En el último pleno, el presidente Carlos Mazón calificó esta ley, ahora avalada por el Constitucional, como «invento catalanoide» y aseguró que el PSPV y Compromís quieren generar «más burocracia, más politización y más retrasos económicos a los municipios de nuestra provincia». Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que la Generalitat ostenta competencia en el ámbito local y explica que el carácter prioritario de la colaboración entre diputaciones provinciales y mancomunidades de ámbito comarcal no puede ser entendido en términos de exclusión, en el sentido de que «la prioridad que expresa imposibilite la cooperación con cualesquiera otros entes locales». Otro de los artículos cuestionados por el PP, el 50.4, señala que las inversiones propuestas por las mancomunidades que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios.

El Constitucional observa que se refiere a todas las mancomunidades y no solo a las de ámbito comarcal, y además no alude a cualquier inversión, sino solamente a las que supongan ejecución de obras y servicios para varios municipios. Este punto no puede considerarse inconstitucional, porque «la autonomía provincial no ha de concebirse como una esfera total y absolutamente resistente a cualquier incidencia o afectación proveniente de otros niveles de gobierno», señala la sentencia. «En la medida en que la regla no expresa exclusividad ni imposición, no impide una verdadera capacidad decisoria propia de la diputación provincial acerca de la cooperación económica a la realización de las obras y servicios municipales», apunta el fallo que desmonta toda la estrategia judicial del PP desde la Diputación para ejercer como ariete frente a la Generalitat.

Para el portavoz del PSPV en la Diputación, Toni Francés, esta sentencia saca a la luz «las mentiras y la utilización de una ley que lo que pretende es acercar la administración a los ciudadanos». En su opinión, el PP «utilizó» el Constitucional para hacer «campaña política» y César Sánchez «no fue un buen presidente porque instrumentalizó la Diputación para beneficiar al PP». «Las comarcas tienen una estructura propia y no son ninguna agresión contra la Diputación. La autonomía las tienen los municipios y la Diputación es una prestadora de servicios», zanjó. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, acusó al PP de «usar descaradamente para guerras partidistas los fondos públicos que deberían destinarse a los pueblos». Para la coalición, los populares «nunca han creído en el municipalismo» añadiendo que «esta sentencia es un clavo más en el ataúd del caciquismo político».

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